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Cómo el gobierno dio un golpe de timón y decidió investigar la millonaria venta de Petro-Tech.
Disciplina, Petroleros
"Inoportuna e inconveniente". Las palabras que aludían a la venta de la empresa Petro-Tech fueron anotadas mentalmente por los congresistas miembros de la dirección política del APRA que acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Alan García en la mañana del martes 10. Fue la cúpula partidaria, y no García, la que propuso en primera instancia conformar una comisión investigadora sobre la transferencia de las acciones de Petro-Tech a las petroleras estatales de Colombia y Corea por US$ 900 millones. Cada una corre con la mitad.
El Presidente recogió el guante y les pidió convocar de manera extraordinaria al pleno del Congreso, actualmente en receso por vacaciones, para conformar la comisión.
Mercedes Cabanillas anunció que el presidente llamaría a los embajadores de ambos países para expresar su preocupación. "Se deja constancia de que la venta no está perfeccionada por un decreto supremo", añadió.
Esta carta bajo la manga está registrada en la cláusula 17.1 del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, firmado el 16 de noviembre de 1993 entre Petroperú y Petro-Tech.
Cabanillas, flanqueada por los representativos parlamentarios oficialistas Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Aurelio Pastor, Luis Gonzales Posada y César Zumaeta, declaró que "la voluntad es que se forme una comisión investigadora que se aboque a indagar y profundizar en relación a la transferencia de Petro-Tech, por considerar que se ha producido en un momento altamente "inoportuno e inconveniente". La parlamentaria se refirió al presunto papel de la empresa, permanentemente negado, en el episodio de los "petroaudios" y a la eventualidad de que "en un proceso judicial pueda haber penalidades económicas".
La vocería de Cabanillas no parece casual. Apenas el día anterior había tenido que admitir que durante su período como presidenta del Congreso se contrató a la empresa Business Track, acusada por el "chuponeo" y dirigida por el encarcelado almirante (r) Elías Ponce Feijoo para realizar barridos electrónicos en las oficinas de la misma Presidencia. En lo que ya son pinceladas de humor negro, descartó que el propósito fuera interceptar las comunicaciones de los congresistas opositores.
Era notoria la ausencia en la foto de Jorge del Castillo, que también había participado en el encuentro. Pastor comenzó a declarar a los medios que, contrario a lo que se dio por sentado, el gobierno no había aprobado la venta.
¿ACASO EL PROPIO García no mantuvo reuniones en Palacio con los representantes de la colombiana Ecopetrol y la coreana National Oil Corporation? ¿Qué podían haber significado sino su bendición?
Según fuentes del gobierno, fue la embajada de Corea la que gestionó la visita a Palacio del presidente de la empresa, Kan Youngwon, que asistió al encuentro del 23 de enero con el vicepresidente de Nuevos Negocios, identificado como "señor Shin" y el gerente de proyectos, Brian Yang. La conversación tomó 35 minutos y buscaba confirmar el visto bueno del gobierno.
Luego García llamó al presidente colombiano Álvaro Uribe. Esto motivó que el pasado 27 de enero el ministro de Energía y Minas de ese país, Hernán Martínez, y el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, se reunieran en Palacio con el mandatario.
El embajador colombiano Álvaro Pava y el titular peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también participaron. En la entrevista adjunta, Sánchez ofreció sus impresiones antes que García diera a conocer su decisión del martes 10.
El ministro sostiene que las visitas se dieron porque el negocio ya había sido acordado y que se hizo las advertencias del caso sobre los pasivos de la empresa. Se asume también que, como lo estipulaba el contrato, Petro-Tech había informado oficialmente de la intención de vender un mes antes para que Petroperú tuviera la opción preferente de compra.
Era público que Petro-Tech buscaba algún tipo de asociación desde hace casi un año. El 15 de enero CARETAS 2061 ya había adelantado que la operación sería cristalizada a finales de mes. Se dio a conocer oficialmente el viernes 6.
Trascendió que el contrato privado celebrado entre ambas partes incluye una cláusula que compromete la deducción de US$ 150 millones del precio final si es que la empresa termina asumiendo penalidades económicas.
El Presidente parece abrir la baraja política y permitir la creación de una comisión que mantendrá viva la llama de la controversia alrededor de Petro-Tech. O mejor, alrededor de sus dueños anteriores.
La presión ya la había sentido el sector Energía y Minas, que decidió finalmente no suspender la entrega de los dos lotes que Petro-Tech ganó en la licitación relacionada con los "petroaudios" y el "faenón" de Alberto Quimper y Rómulo León, a pesar de un borrador de resolución que estaba listo.
"Es un gesto político muy severo que no cuestiona la venta", señala una fuente que estuvo en la reunión con el mandatario.
En este caso se avanzaría con la comisión investigadora mientras el Ministerio Público hace lo suyo. Los riesgos de terminar en una parodia, con el antecedente de la comisión Abugattas, también son cantados.
AUNQUE LA CONFORMACIÓN de la comisión obedece sobre todo al caso de los "petroaudios", es inevitable que la naturaleza de la transacción también será discutida. Las leyes peruanas permiten que la venta se realice en el domicilio de la empresa matriz.
En este caso es la Offshore International Group, a pesar de que toda la actividad de Petro-Tech se realiza en el Perú. Como consecuencia el fisco nacional no recibe ningún pago por la operación.
El columnista de La República y candidato a contralor, Humberto Campodónico, recuerda que parecidas fueron las ventas de Barrett Resources a Perenco, de Monterrico Metals a Zijin y Toromocho a Chinalco.
Situaciones opuestas fueron la adquisición, por parte de la entonces colombiana Bavaria, de las acciones de Backus pertenecientes al grupo Brescia. Allí se pagó US$ 70 millones a la Sunat. Cuando XStrata compró Tintaya a BHP Billinton en el 2006 recibió S/. 400 millones.
Campodónico está entre quienes sostienen que debe cambiarse el criterio del domicilio del dueño de la empresa por el del pago del impuesto por ganancia de capital según el domicilio de la actividad económica. En el caso de Petro-Tech, calcula que el fisco hubiera percibido US$ 90 millones. Ollanta Humala se refiere a la "empresa tramposa".
Como fuera, este debate tributario no es de carácter legal. La venta fue hecha de acuerdo a la legislación vigente y eso lo reconoce incluso el presidente de Perúpetro, Daniel Saba, quien no ha sido precisamente el mejor amigo de Petro-Tech y ha presionado a la empresa para solucionar millonarias contingencias tributarias que, se especula, pudieron originar los audios que se tumbaron al anterior gabinete.
EN COLOMBIA LA OPERACIÓN fue publicitada como el primer gran paso de Ecopetrol hacia la internacionalización. "La estatal colombiana se hace por primera vez de una petrolera privada que ya se encuentra produciendo crudo en el exterior", publicó el diario El Tiempo. Allí se cifró la producción como el 10% del total de petróleo extraído en el Perú. Petro-Tech obtiene doce mil barriles diarios de crudo y cuenta con reservas probadas por 100 millones de barriles.
Gutiérrez, de Ecopetrol, declaró en Bogotá que el objetivo es duplicar la producción en los próximos tres años. Esto "definitivamente le dará un alivio a Colombia, pues la misma se sumará a los 588,000 barriles de crudo diarios que se extraen en el país". La inversión prometida por los nuevos accionistas es de US$ 2,500 millones.
Cambian los accionistas. Pero lo que no cambia son las condiciones de explotación de un lote envuelto en intensa controversia. La joya de la corona es el lote Z2-B, el único lote adjudicado a Petro-Tech que es explotado. El resto es de exploración.
El congresista aprista Miguel Guevara considera que el contrato de 1993 fue "lesivo para los intereses del país". Es un contrato de servicios por el cual el Estado le alquila a Petro-Tech noventa plataformas que antes pertenecieron a la empresa Belco.
Durante el primer gobierno aprista, en agosto de 1985, fueron rescindidos por incumplimiento tres contratos petroleros. En los otros dos se llegó a un acuerdo pero Belco demandó al Estado. El lote de explotación en el zócalo continental pasó a control de Petramar, filial de Petroperú.
La contingencia con el American Internacional Group (AIG), aseguradora de Belco, se prolongó durante años. El cálculo de indemnización hecho por el propio Campodónico era de alrededor de US$ 95 millones. El gobierno de Alberto Fujimori terminó pagando US$ 236 millones.
En 1993 el lote fue privatizado a favor de Petro-Tech, que pagaría US$ 10 millones anuales por el alquiler de las 90 plataformas del Estado y un 16% de regalías en barriles, cuya producción en ese momento era de 24 mil diarios y el precio era de alrededor de US$ 20 por barril. Los cuestionamientos comenzaron con el supuesto insuficiente capital de la empresa constituida en Delaware por el estadounidense William Kallop.
DESDE ENTONCES –casi– todo fue pelea.
Petro-Tech Internacional ganó la buena pro pero Petro-Tech Peruana firmó el contrato. Perupetro comenzó el litigio para que se pagara el impuesto del 10% por las remesas al exterior. Finalmente se cumplió con los pagos hasta 1997.
Tres años más tarde fue nombrado Rodolfo Samaniego, quien era hasta entonces el gerente general y cabeza negociadora de Petro-Tech en el contencioso con el Estado, como presidente de Perupetro. Samaniego echó marcha atrás en la vía judicial y decidió recurrir a un arbitraje que ganó la empresa donde trabajó anteriormente. Perupetro debió devolverle casi US$ 4 millones. El asunto fue tan escandaloso que Samaniego duró en el cargo apenas un mes.
En uno de sus cuatro críticos informes sobre Petro-Tech, que incluso cuestionan la validez del contrato de 1993, la Contraloría General de la República encontró "direccionalidad" en la conducta de Samaniego.
También hubo desacuerdos por la falta de pago de regalías por la producción de gas natural que también tiene Petro-Tech y por el Impuesto al Patrimonio Empresarial (IPE) vigente desde 1993.
En el 2004 se renovó el contrato a Petro-Tech bajo las mismas condiciones de US$ 10 millones anuales de alquiler y 16% de regalías. El presidente de Perupetro era Antonio Cueto Duthurburu, tío de Alberto Varillas Cueto, gerente legal de Petro-Tech.
La distensión terminó definitivamente cuando Daniel Saba llegó a Perupetro. Ajustó la correa hasta cobrar, bajo protesto que luego fue retirado, más de US$ 34 millones por los conceptos antes mencionados (CARETAS 2061). Y todavía falta el Impuesto a las Transacciones Financieras y el IPE del 2008. Saba fue el primero que ligó los "petroaudios" a esta empresa.
El último perdigón lo disparó el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergmin), que estaría a punto de multar a Petro-Tech con S/. 50 millones por el deficiente mantenimiento de las plataformas. El congresista Guevara denuncia que "se han venido abajo cuatro por la corrosión y provocan grave contaminación en el mar".
Dadas las circunstancias, el precio de US$ 900 millones obtenido por Kallop, rebajado de una pretensión inicial de US$ 1,500 millones, es una bicoca. Sobre todo si se toma en cuenta que la empresa comenzó con un capital de S/. 200 mil y sus ex propietarios tienen, hoy por hoy, al gobierno pisándole los talones.
