PREVENCIÓN.

INFORMARÁ SOBRE ENDURECIMIENTO DE SANCIONES POR INFRINGIR NORMAS DE TRÁNSITO

MTC pondrá en marcha una campaña de difusión- Nuevas disposiciones regirán dentro de 90 días, precisa ministro Cornejo- Plan se ejecutará por recomendación de la Defensoría del Pueblo En los próximos días se iniciará, con apoyo del sector privado, una campaña de difusión y educación para informar a los conductores y a la población peruana sobre las nuevas sanciones por infringir las normas de tránsito, anunció el ministro de Transportes, Enrique Cornejo.

El funcionario recordó que las normas publicadas el miércoles 22 –los nuevos Código de Tránsito y Reglamento de Administración de Transportes– recién entrarán en vigencia en 90 días, por lo que la campaña se prolongará durante todo ese tiempo.“Vamos a educar con ayuda del sector privado sobre las dos disposiciones.

Hay 90 días para hacer conocer a la población, con el fin de que después no nos digan que no sabían nada. Esta recomendación nos la formuló la Defensoría del Pueblo y la hemos aceptado”, declaró en RPP.Al responder comentarios de que las multas establecidas en el Código de Tránsito son muy elevadas, Cornejo manifestó que “efectivamente, son fuertes, y eso se hizo a propósito, para que nadie se atreva a manejar infringiendo las normas”.

“Hagamos como se hace en otros países: uno de los miembros del grupo que va a una reunión se sacrifica y no toma alcohol, y así, en otra oportunidad, van rotando. Aquí estamos hablando de la importancia de la vida”, expresó al referirse a quienes manejan ebrios.

Conciencia

Tras recordar que en los últimos once años 423 mil peruanos han sido afectados por accidentes de tránsito, sostuvo que las personas no deben esperar que el accidente llegue a sus familias para recién sensibilizarse.Cornejo calculó que 12 meses después de que entren en marcha las sanciones se reducirán sustantivamente los accidentes de tránsito, principalmente en zonas urbanas.

PREVENCIÓN BÁSICA
Desastres y hospitales seguros
Por: Mirta Roses P
Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones y otros fenómenos azotan con frecuencia nuestra región, que cada año padece un promedio de 130 desastres de diferente magnitud. Cuando acontece un desastre, nuestra más inmediata preocupación es salvar vidas, ayudar a los heridos y restaurar el bienestar de las comunidades afectadas. Eso no se puede lograr sin un elemento vital: nuestros hospitales, aunque más de la mitad (8 mil) en Latinoamérica están situados en zonas de alto riesgo.
Construir hospitales seguros es factible. De hecho, los estudios demuestran que si se incorporan las medidas recomendadas para mitigar los riesgos de desastres naturales desde las etapas de planeación y diseño de un nuevo hospital, el costo de construir y equipar un nosocomio seguro es el mismo que el de un hospital vulnerable. En cambio, según un estudio realizado por la Cepal, un hospital inseguro genera pérdidas millonarias por el costo de la infraestructura, de los equipos y los materiales que se pierden al fallar durante un desastre natural, así como costos económicos indirectos y elevados costos humanos y de salud.
La estrategia de hospitales seguros impulsada por la OPS promueve que se construyan los nuevos hospitales de acuerdo con las normas de seguridad. Países como Ecuador, México y Perú han creado programas nacionales de hospitales seguros y Centroamérica está trabajando en un ambicioso plan para desarrollar esta iniciativa en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el Caribe, Barbados, Cuba, Dominica, Jamaica, Granada, San Cristóbal y Nevis San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, entre otros, están utilizando un índice de seguridad hospitalaria creado para evaluar los niveles de seguridad en 145 diferentes áreas, lo mismo que Bolivia y Paraguay.
En la tarea de reducir la vulnerabilidad de los hospitales ante los desastres naturales deben primar las consideraciones humanitarias y de salud pública, aunque también es una excelente inversión. Los responsables de tomar decisiones sobre las inversiones públicas que afectan a la colectividad deben tener presente que la ciudadanía está muy consciente del mensaje central: “Cuando ocurre un desastre, los hospitales seguros salvan vidas”.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)

EDITORIAL
Caso Valdez: la justicia debe desterrar la impunidad
Finalmente, la Corte Suprema aprobó el traslado a Lima del juicio contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, perpetrado por sicarios que hoy purgan condena.
Se trata de una buena noticia sí, pero que nos debe hacer reflexionar sobre lo que nos está costando hacer justicia en un caso emblemático para el respeto de los derechos fundamentales. Y es que el crimen del periodista, odioso y repudiable, es también una afrenta a la ciudadanía y sus derechos inalienables a informarse y opinar.
Efectivamente, tras el asesinato, ocurrido hace cinco años, el proceso ha estado salpicado de sospechosas irregularidades. Si ha llegado al estadio actual ha sido no solo por la tenacidad de la parte civil, fiscales y procuradores, sino también por la saludable presión de la opinión pública y de la prensa, a más de firmes pronunciamientos de entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa.
El traslado del juicio a Lima, como reconoce la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se justifica principalmente porque “se ha venido conculcando diversas garantías fundamentales correspondientes a un normal desarrollo” de un proceso, en el que “no existen las condiciones institucionales de independencia e imparcialidad que garanticen a los familiares del periodista la realización de un juicio justo”.
Por si fuera poco, Valdez afronta otros procesos por lavado de activos y tráfico de drogas, que tienen relación con el crimen de Rivera, quien denunció valientemente esos vínculos delictivos, lo cual habría sido el móvil del crimen.
Como es público, el procesado amasó inmensas fortunas de dudoso origen y escaló a importantes cargos públicos, en los que ejercía enorme poder económico y político. Con ello pudo amedrentar a algunos magistrados que, salvo honrosas excepciones, incurrieron en maniobras de postergación y otras irregularidades. La última fue el intento de la Corte Superior de Ucayali de continuar el juicio allí, desconociendo la autoridad de la Sala Penal Suprema, cuyo pronunciamiento era inminente. Antes fue escandalosa la manera como se lo absolvió de todo cargo, lo que llevó a la Corte Suprema a anular dicho fallo.
¡No debe haber lugar para más artilugios ni dilaciones! El Poder Judicial tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y de demostrar, ponderando las evidencias de modo imparcial, que aplica la ley y cierra las puertas a la impunidad, en un caso tan trascendental para la defensa de los derechos ciudadanos, que la prensa local y mundial siguen con interés y preocupación.

El perro del hortelano judicial
Por: Juan Paredes Castro
Haberse guardado en cajas las evidencias del espionaje telefónico tanto tiempo no solo habla muy mal de la jueza María Martínez sino que abre una sospecha punible sobre su conducta funcional.
Más aun, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, pese a ser consciente de que estamos ante la más grande organización criminal de violación del secreto de las comunicaciones, apoya el hecho con su silencio, y deja al descubierto un grave problema de incompetencia o de complicidad delictiva impune.
Antes, como se sabe, esta misma jueza prácticamente arrancó la investigación del “chuponeo” de manos del Ministerio Público, con la leguleyada de que era la titular en esa materia y que los fiscales de turno, por más tecnología y especialización que pusieran al servicio del caso, estaban demás, pues a juicio de sus magistrados superiores, “los técnicos se alquilan”.
Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación, ha tenido más de un encontronazo con César Vega Vega, que indudablemente no ha servido de nada, excepto para comprobar la acentuada sombra del perro del hortelano (que no investiga ni deja investigar) en algunos importantes juzgados de Lima. Lo insólito es como, careciendo de los más elementales recursos para enfrentar al crimen desde un primer momento, estos juzgados desdeñan el trabajo de las fiscalías o, lo que es peor, acaban por sabotearlos, como ha ocurrido con las evidencias y pruebas del espionaje telefónico.
Ahora emerge de esas sombras del perro del hortelano judicial lo que nadie esperaba: que el software destinado a ver los materiales incautados a la mafia del espionaje telefónico, carece de licencia, es decir, se aproxima más a un instrumento tecnológico pirata que a otro que solo sea el producto de un grave descuido burocrático o de adquisición comercial.
Sin embargo, preguntémonos: ¿puede abrirse una audiencia judicial de deslacrado y apertura de cajas de evidencias y pruebas criminales, teniendo a la mano un software pirata para analizarlas?
¿No estamos acaso ante la mayor demostración de incompetencia de la jueza Martínez, que todo lo resuelve aplazando las citaciones y las audiencias?

El cambio a la TV digital no afectará a todos

Quienes solo usan la señal abierta serán quienes se deban adaptar. Crearon comisión que recomendará cómo elaborar el plan de transición.

Por: Bruno Ortiz Bisso

Luego del anuncio del Gobierno sobre su decisión de usar el estándar japonés-brasileño para la televisión digital terrestre, seguramente aún le han quedado algunas dudas al respecto. A continuación se las contestamos.

1. ¿Qué tanto le afectará al televidente esta decisión?Todo depende de cuál sea el tipo de señal que más consuma. Es decir, si usted solo ve los canales de señal abierta (es decir, los que se captan de manera gratuita con solo encender el televisor) esta decisión sí le afectará, pues el estándar elegido es para este tipo de transmisiones. Usted necesitará contar con un televisor preparado o con un decodificador para cuando se inicien las primeras transmisiones en su zona. En cambio, si usted es suscriptor de algún servicio de televisión de pago (por cable o satelital) y consume solamente los canales incluidos en el paquete contratado, no le afectará. Usted seguirá disfrutando de los canales nacionales o extranjeros que le ofrezca su operador, tal como lo hace ahora.

2. Se habla mucho de los decodificadores, e incluso se dice que pronto empezarán a venderlos. ¿Será necesario que lo compre?Tal como se detalla en la respuesta anterior, todo dependerá de qué tipo de señal usted consuma más. Sin embargo, debe tener en cuenta que tanto los televisores que tengan el sintonizador incorporado como los decodificadores recién los podrá utilizar cuando empiecen a realizarse las primeras transmisiones de señal digital abierta.

3. En la actualidad existen en el mercado local algunos teléfonos celulares en los que se pueden sintonizar los canales de televisión abierta. ¿Esos aparatos servirán para cuando empiecen las transmisiones de televisión digital terrestre?

Tal como sucede con los televisores, los celulares que se comercializan en el país y en los que se puede ver televisión cuentan con un sintonizador analógico incorporado. Para acceder a la señal digital deberá contar con un celular que tenga un sintonizador del estándar japonés-brasileño incorporado. De igual manera, las memorias USB que permiten sintonizar señal de TV en las laptops deberán estar adecuadas al nuevo estándar. Y aun así, solo podrá usar esa función cuando empiecen las transmisiones. Tómese su tiempo antes de llegar a una decisión.

PRECISIONES

Crean una nueva comisión

1. Mediante la Resolución Suprema 082-2009-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros creó la Comisión Multisectorial Temporal, encargada de formular recomendaciones al MTC para la elaboración del Plan Maestro de Implementación de la Televisión Digital Terrestre.

2. Tendrá un plazo de 60 días luego de su instalación para emitir sus recomendaciones. Verán el tema de los beneficios, el técnico y los mecanismos de información.

América Latina concentra un tercio de la deforestación a nivel mundial

La FAO indicó que entre 2000 y 2005 se causó pérdidas de 4,7 millones de hectáreas forestales por año y de 0,5% anual del total de bosques de la región

(EFE).- Un tercio de la deforestación a nivel mundial se da en América Latina y el Caribe, región que concentra el 22 por ciento de los bosques nativos, con 860 millones de hectáreas, según información difundida hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El organismo de Naciones Unidas precisó que entre 2000 y 2005 la deforestación causó pérdidas de 4,7 millones de hectáreas forestales por año cifra que equivale a alrededor de un tercio de la deforestación mundial, con una pérdida de 0,5 por ciento anual del total de bosques de la Región, precisó la entidad.

Para la representante regional adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Margarita Flores, los desafíos que propone la crisis económica y la necesidad de enfrentar el cambio climático están llevando el tema forestal al centro del interés mundial.

Recordó que un informe sobre la Situación de los Bosques del Mundo 2009 advierte que a corto plazo, los bosques y el sector forestal resultarán fuertemente impactados por la crisis económica mundial.

En opinión de Flores la importancia del sector forestal rebasa los límites económicos y sociales de la producción de madera, celulosa, papel, combustible y otros productos, ya que el bosque presta servicios claves como la conservación de la biodiversidad, la regulación del agua, y la mitigación del cambio climático.

"El tema crítico es cómo lograr una gestión forestal que genere productos, ingresos y desarrollo socioeconómico, y al mismo tiempo preserve el recurso y contribuya a la gestión medioambiental", advirtió la representante de la FAO.
Sin embargo reconoció que la región ha sido pionera en la aplicación de mecanismos de conservación como, por ejemplo, el pago por servicios ambientales.
"Otro dato positivo es que la Región tiene el 24% de las áreas protegidas del mundo y un total de 26 países han implementado programas forestales nacionales, que apoyan el manejo forestal sostenible y fortalecen la institucionalidad del sector", sostuvo.
Según Flores, las plantaciones industriales podrían compensar parcialmente la desaparición de bosques naturales en términos de cobertura, de oferta de madera, y de algunos servicios ambientales, pero no en biodiversidad.
"Por eso, la preservación de los recursos forestales nativos debe continuar como prioridad para los Gobiernos de la Región", añadió la representante de la FAO aunque anticipó que algunos gobiernos podrían abandonar ambiciosos proyectos medioambientales debido al riesgo generado por la crisis actual.
Explicó que el sector forestal podría aprovechar las políticas monetarias y fiscales de estímulo que están siendo implementadas por varios gobiernos como una ocasión para crear capitales de recursos naturales.
Plantar árboles, incrementar la inversión en gestión forestal sostenible, y una promoción activa de la madera en la construcción con criterios medioambientales y en la generación de energía renovable, serían parte integral del "desarrollo verde" del sector.
Esta es una idea que gana fuerza y de acuerdo a la FAO, existe potencial mundial para crear 10 millones de empleos nuevos a través de inversiones en el manejo sostenible de los bosques.

Censura a ONG pseudoambientalistas por cuestionar EIA minero sin previo análisis
"ACUERDOS DE INVERSIÓN DEBEN SER RESPETADOS"
Expresa Gerente Regional de Desarrollo Económico sobre reserva de agua en el Chira
PIURA, 20 ABR.- El Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura, Jimmy Torres Sias, en alusión a la reserva de agua que reclaman los productores y empresarios de riego tecnificado del Chira, se mostró partidario de que se respeten los acuerdos de la iniciativa de inversión que se han hecho.
Es el caso, dijo, que tanto Maple como Caña Brava tuvieron un convenio con el Gobierno Regional en sus temas de compra y una tarifa de agua que han sido asumidas. Indicó que lógicamente Caña Brava hizo una ampliación de terrenos que no estuvieron dentro del convenio firmado, de allí que al comprarle a las mismas comunidades, dicha empresa debería prever el sistema de gestión de agua.
Hizo ver que el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Agricultura ha instalado una mesa técnica, por lo que cuando ésta tenga el diagnostico del avance y los puntos en común que se deben resolver, estará en condiciones de ofrecer una opinión más concreta del tema. Estimó, empero, que se debe dar un trato justo, tal como lo demuestra el Gobierno Regional al haber respetado los acuerdos asumidos con Caña Brava.
Lo más importante –agregó- es que ya se tiene una ley nacional con el tema de agua que establece lineamientos claros que todos los Gobiernos Regionales del país deberían aplicar. Resaltó asimismo que Maple tenga la intención de conciliar, motivo por el cual participa dentro de la mesa técnica.
Se mostró sorprendido sin embargo "que las asociaciones que están trabajando iniciativas de inversión con nosotros, como Cepibo y Ambao, que se les dará el mismo tratamiento que se le ha dado a la gran inversión, estén acompañando esta mesa, pero del otro lado"
MESA DE DIÁLOGO SOBRE MINERÍA
Al estar previsto para este miércoles 22 el reinicio de la mesa de diálogo en torno a la minería en la sierra piurana, Torres precisó que previo a llegar a esta instancia el Gobierno Regional ha realizado una serie de talleres informativos, primero con los ocho consejeros regionales, con presencia de representantes de Río Blanco para informar técnicamente sobre la situación del proyecto.
El funcionario se consideró muy crítico de las ONG pseudoambientalistas, por cuanto han cuestionado un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) semi detallado, pero sin un previo análisis por la oposición, "de modo que como tienen presencia en la prensa salen a anunciar que el EIA ha generado contaminación, que los peces están muriendo, que la población de Huancabamba no lo va a soportar, que los páramos están en peligro, etc."
"Son cosas que no son ciertas –continuó-, he hablado con muchos técnicos y esto lo hemos transmitido a los consejeros regionales. Técnicamente, Río Blanco no afecta el tema de los páramos, y eso se puede discutir técnicamente con los expertos"
Hay también, dijo, un punto en común que los alcaldes opositores deberían conocer: hoy en día la deforestación y el tema de manejo de aguas contamina más que la minería en la sierra. "¿A dónde va todo el desagüe de Huancabamba y Ayabaca? Al río.
Y vean cómo están contaminando ese río; esa es una problemática que deben asumir los alcaldes", exclamó. Otra cosa que no hablan los alcaldes –precisó- es sobre cómo estaban hace 70 años los bosques en Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, y cómo los tienen ahora por el mal manejo de la agricultura.
Adelantó que el liderazgo de la mesa de díálogo será manejado por la PCM, pero el Presidente Trelles ha sido bastante claro: como es un problema regional, la PCM tiene la obligación de invitar a los funcionarios técnicos en esa mesa, "y yo que creo que hay un espacio que debemos ponerlo de tú a tú a niveles técnicos con la gente opositora a la mina", concluyó.

LA LIBERTAD DE EXPRESION AMENAZADA
El día de ayer miércoles 15.04.2009, un grupo de pobladores de la localidad de Huarmey, Ancash, asuzados por el ex alcalde el médico Pedro Gorki Tapia Marcelo, recientemente vacado por Resolución Nº 093-2009-JNE de fecha 11.02.2009, entre improperios y ejerciendo violencia contra la puerta de ingreso de Manantial Radio , pretendió ingresar con el evidente propósito de destruir sus instalaciones.
Es conocida la línea de independencia de esta emisora que cumple con su deber social y ético de informar los hechos, tal como son, para que la población se forme su propia opinión, y no se ha dejado envolver para convertirse en comparsa o caja de resonancia del aparato de publicidad de esta mala ex autoridad edil, es por ello la hostilidad permanente de este ahora ex alcalde contra Manantial Radio.
La hostilidad contra Manantial no es nueva y se manifiesta de diversas maneras, entre ellas, negar información, denuncias y querellas sin fundamento ante el Poder Judicial que pronto abandona don Pedro Tapia por su evidente sustento fáctico y jurídico y azuzar a la violencia contra esta emisora local.
El ex alcalde, mal asesorado, intenta enervar la resolución que declara su vacancia incitando y estimulando a un pequeño pero activo grupo de personas que han tomado el local municipal pretendiendo impresionar al Jurado Nacional de Elecciones, para que revoque la indicada resolución, mientras la población ha tomado los hechos con calma y espera que el nuevo alcalde Federico Moscoso vite, asuma sus funciones.
Es preocupante el clima hostil y de contienda que pretende imponer esta autoridad vacada quien el último martes fue vacado por el máximo organismo electoral, entidad que declaró fundado el pedido de vacancia de Pedro Gorki Tapia Marcelo, solicitado por el ciudadano Alberto Fernando Egusquiza, y anuló las credenciales que le otorgó tras las elecciones del 2006, debido a su responsabilidad en el mal aprovechamiento de los equipos y el dinero aportado por el Fondo Voluntario de Antamina para puesta en marcha de un policlínico móvil para beneficiar a un tercero: Asociación Policlínico Móvil, entidad que Tapia creó con un grupo de médicos y profesionales de su empresa particular Policlínico Tapia, según se desprende de la citada resolución del Jurado Nacional de Elecciones.
El día de hoy 17.04.2009, elementos extraños, claramente vinculados al ex alcalde han trepado los techos hasta deslizarse hasta el lugar donde está la antena de Manantial Radio y han cortado el cable, dando lugar a que salga del aire y no se siga informando sobre estos hechos al pueblo de Huarmey.
Todo ello también obedece a que Manantial Radio es la unica emisora que no se sometió al poder del dinero al que ejerció esta mala autoridad.
Ante estos hechos Manantial radio a solicitado las garantías necesarias para ponerse a buen recaudo, ya que es conocidos por tod@s que el ex alcalde es una persona poco tolerante a las criticas.

Y después se quejan de los conflictos ambientales
Algo debe estar fallando en las políticas medioambientales que aplica el Estado, porque casi la mitad de los conflictos sociales activos que existen en el país están vinculados a problemas relacionados con la conservación del ecosistema, que enfrentan por lo general a comunidades, autoridades e inversionistas.
Ante este panorama, la buena noticia es que se trata de disputas previsibles, prevenibles e identificadas plenamente por la Defensoría del Pueblo. La mala noticia es que su solución no es sencilla o podría demorar porque las partes no han llegado a aceptar que deben sentarse a la mesa para encontrar salidas a una situación que puede afectar el ambiente, los recursos naturales y la vida misma de diferentes poblados.
Los conflictos ligados al rubro minero, por ejemplo, se han incrementado casi al mismo ritmo con que han surgido esas inversiones en los últimos años. ¡Qué decir de la desconfianza de las comunidades donde se desarrollan dichas actividades extractivas, muchas veces manipuladas y desinformadas sobre los beneficios y perjuicios que realmente se avecinan!
Lo peor es que existen problemas en los que no hay siquiera voluntad preventiva. Se trata de los conflictos latentes que, como avizora la defensoría, pronto degenerarán en disputas que, sobre todo, detendrán el desarrollo de regiones, en desmedro de sus propios habitantes y la inversión que necesitan.
Aquí, nuevamente, sobresale el factor socioambiental, por lo que la presencia activa del Estado es medular, como gestor, facilitador, dirimente, instancia rectora y, principalmente, como autoridad no obstaculizadora. Una denuncia reciente que ilustra lo anterior se refiere a los lotes petroleros de Talara, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM), prácticamente, estaría autorizando a las empresas concesionarias a liberar a la atmósfera gas metano. Estamos ante una sustancia 23 veces más dañina que el anhidrido carbónico, de nefastos efectos ecológicos. Sin embargo, en lugar de cautelar que las petroleras cumplan el cronograma de Osinergmin para que desarrollen inversiones que permitan reinyectar el metano o aprovecharlo de alguna otra forma, el MEM pretendería flexibilizar los plazos irresponsablemente.
El Gobierno no puede incurrir en estos vacíos. Por el contrario, tiene que adelantarse, no escatimar esfuerzos para enfrentar los antagonismos ni para instalar mesas de diálogo. Experiencias recientes han demostrado la eficacia de estos mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos, siempre que cuenten con el aval de todas las partes interesadas.
La PCM no cuenta con técnicos suficientes para abordar todos los procesos de diálogo, pero el jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon, podría retomar el impulso que dio, inicialmente, a las mesas de concertación, con el apoyo de los gobiernos regionales. Ellos tienen que tomar la iniciativa y crear espacios para que todos los grupos expongan sus demandas, hallen soluciones y se mitiguen los conflictos antes de que estallen.
El Gobierno no debe actuar solo cuando los hechos se desborden y el caos amenace la gobernabilidad. A eso llegaremos si no sopesamos los alcances de los conflictos y las discrepancias.

Montesinos, 'toujours'
Por: Mariella Balbi Periodista
La condena al ex presidente Fujimori por delitos de lesa humanidad desencajó, comprensiblemente, a sus adeptos. Muchos de ellos tenían la secreta esperanza de que fuera absuelto. Al considerarlo el factótum de la derrota del terrorismo pensaron, y piensan, que la cárcel sería injusta y absurda para quien —como ellos dicen— “pacificó al país”. Nadie niega que Fujimori tuvo una actitud más proactiva que los anteriores mandatarios frente a la guerra interna que vivimos. Pero los países no salen de sus desgracias por la omnipotencia de una persona. Muchísimos contribuyeron a que Sendero fuera derrotado, con sus vidas, con la pluma, con la acción. Y sin el cerebro y la astucia del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia de la policía) no se habría capturado al sanguinario Abimael Guzmán.
Por propias declaraciones, cuando llegó al poder, Fujimori sabía poco de todo y no tenía un programa, no conocía el sector militar. Valgan verdades, era la improvisación total. La bisagra con las FF.AA. fue Vladimiro Montesinos y ahí comenzó su fortaleza como gobernante, pero también su descalabro. Paralela a la estrategia de aliarse con la población, creyó —convencido por Montesinos o por propia iniciativa— que era necesaria la eliminación selectiva de presuntos terroristas, con la lógica de muerto el perro, muerta la rabia. Quienes defienden la ignorancia (o inocencia) de Fujimori detienen la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad en Montesinos y ahí cualquier argumentación se desmorona. Más bien cobra sentido la omisión a Montesinos durante el alegato final de Fujimori. Ni una sola palabra o insinuación a una posible involucración de quien alguna vez fuera comparado con Rasputín.
Probablemente, ese silencio era obligatorio, porque Montesinos tiene todavía eficaces armas y es un socio de cuidado. Más allá de las payasadas cuando testimonió en el juicio, no se ha profundizado en su mensaje. Al no mencionar su nombre, Fujimori se hunde con Montesinos, así es el trato, así son los códigos. Pronto se iniciará el proceso por el pago de 15 millones de dólares de CTS al ex asesor, ahí tampoco hay prueba escrita, papel firmado, tal como se pide para los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Es doloroso decirlo, pero los 50 muertos de Colina son la gran prueba, qué mayor documento que los cuerpos calcinados. No es sano para el país que un movimiento político tenga como primer punto de su programa la liberación de Fujimori. La política no puede servir para evadir responsabilidades, ni la del ex presidente, menos aun la de Montesinos.

EL DESCONTENTO DE LA POBLACIÓN PUEDE JUGAR EN NUESTRA CONTRA
Conflictos sociales han aumentado un 150% en los últimos doce meses
En marzo del 2008 eran 93 los problemas y ahora ya suman 238. Casi la mitad de las disputas son socioambientales y 85 están activas
Por: Martín Huancas
El número de conflictos sociales en el Perú suma 238 (en marzo del 2008 eran 93), pero solo la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una unidad de manejo de conflictos. Si usted entra a la página web de ese organismo, verá que sus reportes dan cuenta del trabajo realizado solo hasta octubre del año pasado. Eso no quiere decir que los últimos meses no han trabajado, sino, por el contrario, que el poco personal con el que cuentan ha sido superado por el creciente aumento de los conflictos.
Para Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Estado debe invertir en potenciar y capacitar a más funcionarios en el manejo y resolución de los conflictos sociales. Esta inversión es a todas luces rentable si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasionan estos para el Estado y el sector privado.
Lamentablemente, señala el especialista, en el Perú la capacitación en este tipo de materia aún es incipiente y solo algunas universidades dictan cursos o talleres al respecto. “Por ello la defensoría, cumpliendo sus funciones, iniciará pronto la capacitación en este tema de funcionarios de los gobiernos regionales y locales de Piura, Cajamarca, Junín, Arequipa y Cusco”, detalla Rolando Luque. Justamente en esas regiones es donde hay pendientes muchos conflictos que requieren urgente atención.
LA DESCONFIANZA En cuanto al exponencial aumento de los conflictos socioambientales, Luque piensa que la razón de ello, especialmente en el rubro de la minería, es la gran desconfianza que sienten las comunidades ante las empresas y el Estado. “Se pensaba que con la creación del Ministerio del Ambiente, esa situación se revertiría, pero hasta el momento esa cartera no ha podido llenar las expectativas”, señala Luque.
La desconfianza que suelen sentir los pobladores nace del temor a la contaminación y, principalmente, del incumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente entre los pueblos y las empresas o el Estado.
La percepción de Luque y otros especialistas consultados es que el Gobierno pone todo sus esfuerzos en solucionar los problemas más urgentes de tal manera que no se ponga en riesgo la gobernabilidad. Sin embargo, los problemas de fondo no son asumidos y se mantienen en el tiempo.
EL PROBLEMA NATIVOCon relación a la protesta de los nativos, el más reciente conflicto social que afronta el Estado, Luque recomienda a los especialistas del Estado que una vez que se den las condiciones para conversar separen los temas sociales de los legales a fin de facilitar el diálogo.
“La discusión acerca de las leyes que por ejemplo aprueban los tratados de libre comercio y los temas de concesiones para exploración y explotación en terrenos nativos debe ser separada de los reclamos sociales a fin de facilitar la resolución de los problemas más urgentes”, sugiere Luque quien tiene experiencia en este tipo de diálogos.
SEPA MÁSLos conflictos socioambientales
Cusco, Áncash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en marzo del 2009.
El 62% de los casos se concentra en ocho regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Loreto, Pasco y Lima.
De los 116 conflictos socioambientales, 33 se encuentran en la fase de diálogo, es decir un número mayor al que había en febrero.
Entre los conflictos socioambientales, los más numerosos (82) tienen que ver con la actividad minera.

Se han vendido más de 300 'kits' electorales
Según reporte de la ONPE
Si bien existen 20 partidos políticos de alcance nacional en el Perú, hay 302 agrupaciones que buscan adquirir tal condición para poder participar en las elecciones generales del 2011.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se han comprado, desde junio del 2006 hasta marzo del 2009, 302 kits electorales. Estos no son otra cosa que las herramientas para que las agrupaciones, que pretenden constituirse en partidos políticos, puedan recoger las firmas que los acrediten como tales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En la relación que aparece publicada en la web de la ONPE figura la agrupación política Gran Alianza Nacionalista Peruana- Gana Perú, promovida por el ex candidato presidencial Ollanta Humala, quien además dirige el Partido Nacionalista Peruano.
Otras agrupaciones que también están recolectando firmas son el Partido Humanista Peruano, cuya cabeza es el actual jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon; el Frente Amplio Peruano, liderado por el presidente de la región Puno, Hernán Fuentes; el Partido Demócrata Patriótico, alentado por el congresista Carlos Torres Caro; y el Partido Etnonacionalista, promovido por Isaac Humala, padre de Ollanta.
INSCRIPCIÓN REGIONALDe otro lado, la ONPE vendió 278 kits electorales a igual número de agrupaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos de alcance regional para los comicios electorales del 2010.
En Puno 33 agrupaciones están recolectando firmas, en Junín 20, en Áncash 19, en Cusco 19, en Lima 16, en Tacna 16, en Ayacucho 15, en Arequipa 15, en Huancavelica 11, en Piura 11, en Ucayali 12, en Cajamarca 10, en Amazonas 9, en Moquegua 9, en La Libertad 9, en Apurímac 8, en Ica 8, en Loreto 8, en el Callao 7, en Lambayeque 6, en San Martín 5, en Huánuco 4, en Madre de Dios 4, en Pasco 2 y en Tumbes 2.
PASO A PASO1. Según el artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, la agrupación cuenta con un plazo de dos años, contado a partir de la adquisición del kit electoral, para recolectar las firmas y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.
2. El número de firmas no puede ser menor que el 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional.
3. El kit electoral se adquiere en la ONPE a S/.78,03.

Se harán escuchar mediante movilización programada para el miércoles 15
Productores y empresarios del Valle del Chira unen fuerzas para obtener licencias de excedentes de agua que se pierden en el mar
Para lograr la derogación de la Resolución Ministerial N° 380-2007-AG, que declara agotados los recursos hídricos de la cuenca del río Chira, la Asociación de Productores y Empresarios de Riego Tecnificado (APERT) decidieron hacer fuerza para conseguir este cometido.
"Ha pasado el tiempo y hasta el momento el Gobierno Central no tiene la voluntad política de derogar esta resolución que entorpece el inició de grandes proyectos de inversión en el Valle del Chira que generen el progreso en la región", señalaron los representantes de la referida Asociación.
Según indicaron en conferencia de prensa, esta Resolución Ministerial viene perjudicando un promedio de tres mil agricultores y cuatro mil trabajadores de las empresas que integran el APERT, dejando además de generar un promedio de 40 mil puesto de trabajo; esto en vista de que de las 60 mil hectáreas de cultivo de caña, sólo se vienen trabajando un 10%.
Por ello, tanto productores como empresarios han visto conveniente unirse para reclamar el derecho a obtener las licencias de agua, que según estudios realizados tanto por la entidad privada como por la Universidad de Piura demuestran que el rio Chira es uno de los ríos estacionales más caudalosos de la vertiente peruana y posee una media anual de casi 3,000 millones de metros cúbicos (MMC) - sin considerar años húmedos ni los Fenómenos del Niño - que se pierden al mar y que puntualmente existen aguas debajo de la presa Sullana, (una vez atendidas las demandas agrícolas de los valles), volúmenes del orden de los 330 MMC, entre excedentes mas de aguas de retorno no utilizadas que indefectiblemente se van al Océano Pacifico.
Asimismo, los productores y empresarios refieren que son discriminados por el Gobierno Regional al no tener acceso a los 186 MMC de recurso hídrico que se reservó para el Proyecto Especial Chira Piura (PECH), con la finalidad de utilizarlos para el desarrollo agrícola y agroindustrial de las tierras eriazas de la margen izquierda del río Chira. Por tal motivo también exigen la derogación de: La Ordenanza Regional 110-2006-/DRP-CR, D.S. 056-2006-AG y D.S. 017-2008-AG.
De tal manera que, a decir de ellos, Maple sería la única beneficiaría con el recurso para su proyecto de caña de azúcar para la producción de etanol, el mismo que no comparten con otros proyectos del mismo rubro y que pertenecen a productores y empresarios de la región.
Según indicaron, las normas legales están direccionadas a favorecer a una empresa, cuando deberían beneficiar al colectivo de manera equitativa
"Este miércoles 15 a las 10:00 de la mañana realizaremos una movilización pacífica pero contundente, para hacer escuchar nuestra voz de protesta al Gobierno Central para que haga realidad nuestro pedido de derogación de esta Resolución Ministerial N°380-2007 que entrampa el desarrollo de la región y los miles de puestos de trabajo que se pueden generar a través de los proyectos de inversión que tenemos", indicaron los representantes de APERT.
DATOS DE SU INTERÉS
El APERT está conformando por Agrícola del Chira (Caña Brava), AMBAO, Asociación Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero, Asociación Campesinos Sin Tierra Marcavelica, Asociación Campesinos y Ganaderos Santa Rosa La Noria, Asociación San Martín de Porras, Asociación Agrícola Ganadera - Segundo Nuevo Lancones, Baneco S.R.L, Campo Sol, CEPIBO, Comunidad Campesina Cañas, Corporación Miraflores S.A., Inversiones OEA S.A.C, Servicios Agrícolas S.A.C.
Entre los cultivos exportables que se han visto más perjudicados figuran el banano orgánico, limón, ají páprika, uva y caña de azúcar.
1.- Ordenanza Regional 110-2006-/DRP-CR (05-08-2006): Declara de Interés Público Regional el desarrollo agrícola y Agroindustrial de las tierras eriazas ubicadas en la margen izquierda del Rio Chira.
2.- Decreto Supremo 056-2006-AG (31-08-2006): Reserva las aguas del rio Chira, aguas abajo de la Presa Derivadora Sullana por un volumen anual de 186 MM3 por el lapso de dos años (vencieron el 31-08-2008).
3.- Resolución Ministerial 380-2007-AG (18-05-2007): Declara agotados los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio Chira prohibiendo el otorgamiento de nuevas licencia de agua.
4.- Decreto Supremo 017-2008-AG (24-08-2008): Prorroga o amplía el plazo de Reserva de agua del Decreto Supremo 056-2006-AG.
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Perú se une a campaña por el Día Mundial de la Hemofilia

Es fundamental censar a los pacientes que padecen hemofilia en el Perú y brindarles cuidados médicos integrales.
Los cuales permitan un tratamiento eficaz y mejorar la calidad de vida del paciente.
El lema del Día mundial de la Hemofilia 2009 -que se celebra el próximo 17 de abril- es "Entre todos, un tratamiento mejor", el cual enfatiza la importancia de los cuidados integrales para la atención médica de la hemofilia, sostuvo la hematóloga con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de personas con esta deficiencia, Gloria Chumpitaz Anchiraico.
"La hemofilia afecta muchos aspectos de la salud de una persona. La mejor manera de satisfacer las diversas necesidades de estos pacientes es a través de un enfoque multidisciplinario mediante el cual hematólogos, enfermeras(os), ortopedistas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, dentistas y otros proveedores de cuidados colaboran en equipos de atención especializada para atender las necesidades de cada paciente", precisó la especialista.
Por su parte, el presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, Javier Álvarez, resaltó que urge la necesidad de censar a las personas que sufren esta enfermedad con el propósito de poder brindarles una mejor atención.
Señaló que los interesados en ser registrados pueden acudir al local de esta institución en la Casa de la Cultura del municipio de Lince, ubicada en la cuadra 19 de la avenida Militar.
Con la finalidad de difundir los avances en el manejo de la hemofilia el próximo 17 de abril en el Auditorio 1 del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati se realizará el "III Curso de Actualización en Hemofilia - Manejo multidisciplinario", dirigido a profesionales de la salud de diversas especialidades, personas viviendo con hemofilia, familiares y público en general.
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Asociación Peruana de Hemofilia al correo asociación_hemofilia_peru@yahoo.com o al Teléfonos 2650571 y/o 2656000 anexo 3900.

Apelación de Fujimori divide a especialistas
La idea de llevar a una corte internacional el caso de la condena de 25 años contra el ex presidente Alberto Fujimori ha dividido a magistrados y penalistas, que sostienen posiciones contrarias respecto a qué organismo jurisdiccional extranjero tendría competencia para resolver su situación, si acaso los veredictos aquí le son adversos finalmente.
El reconocido penalista Luis Eduardo Roy Freyre auguró que la Corte Penal Europea rechazaría de plano la demanda de Fujimori, ya que los casos peruanos en materia de derechos humanos no están dentro de su jurisdicción. Criticó además la falta de confianza en la justicia peruana.
"La sentencia en el caso del señor Fuimori (sería revisada) por la Corte Interamericana y no la corte europea, ya que ésa es una corte para los países de Europa. La competente para conocer el caso sería la CIDH. Acudamos primero a la instancia que nos corresponde, (porque) si se recurre a la corte europea ésta se declararía incompetente, máxime con un problema de terrorismo como contexto", puntualizó el letrado.
Móvil
Roy Freyre aseveró que la Primera Sala Transitoria Penal Suprema que revisará el caso Barrios Altos-La Cantuta y los secuestros, optaría por disminuir la condena del ex mandatario, puesto que el fallo emitido por la Sala Penal Especial Suprema (la instancia previa) "no consideró el móvil".
"La conducta del señor Fujimori ha tenido un móvil de carácter político-social, (es decir) la razón ha sido luchar contra el terrorismo y este móvil fue eliminar el terrorismo, y si la circunstancias así lo demandaron también a los terroristas, eso es un delito, pero el móvil es un atenuante de la pena, lo dice el artículo 46 del Código Penal", opinó.

Sentencia a Fujimori reforzará aplicación de teoría de autoría mediata en el país, opinan

Lima, abr. 09 (ANDINA).- El ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Omar Chehade, resaltó la sentencia impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por abusos contra los derechos humanos y dijo que este fallo refuerza la teoría de la autoría mediata.
El abogado señaló que esta figura jurídica también se aplica en otros países como Argentina, donde también se procesaron y condenaron a autores de violaciones a los derechos humanos.
“Lo importante de la condena es que admite, en todos sus aspectos, la teoría de la autoría mediata, es decir, Fujimori tenía el dominio del hecho y del resultado y por lo tanto tiene tanta o más responsabilidad que los ejecutores materiales”, refirió.
En la víspera, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia sentenció a 25 años de prisión al ex mandatario como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro.
Al respecto, Chehade opinó que la resolución del tribunal es impecable y que no reviste ningún tipo de mancha ni de mácula por ninguna de las partes.
En ese sentido, desestimó los argumentos de la familia y seguidores de Fujimori que señalan que la sentencia al ex presidente fue política y que está llena de odios y de venganza.
“No hay ninguna sed de venganza, por el contrario, hay una sed de justicia”, añadió.
Dijo que tanto los familiares como la defensa del ex mandatario no solo reconocieron, sino que también aprobaron la conformación el tribunal que juzgó a Fujimori.
El abogado manifestó sentirse satisfecho con la sentencia y destacó que haya aportado, junto a otros abogados, en el proceso de extradición que facilitó el camino para que el ex mandatario sea juzgado y condenado en el país.
Finalmente, Chehade sostuvo que resultaría contradictorio que Fujimori recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto, -recordó- durante su segundo mandato intentó que el Perú se retirará de este organismo por estar en desacuerdo con algunos de sus fallos.

El primero de C Hildebrandt, a propósito de la portada del Correo Lima
Llegaron las putiencuestas!
La putiencuesta de Manolito Saavedra, el hombre de CPI, ya está aquí. También vienen las de la Universidad de Lima, la de las hermanitas Susy y Cucharita Díaz, la del Bartolomé Herrera espectral y la de "La Razón" & Company, que siempre es la más creíble porque se hace sin recursos ni prejuicios ni preguntas.

Manolito Saavedra siempre fue uno de los científicos de la demoscopía que Fujimori llamaba a Palacio y pagaba al contado para que le dijera qué hacer cuando algún periodista incómodo había descubierto una porquería que debía ser tapada con un psicosocial, un milagro de utilería o un carraspeo terrorífico de Martha Chávez.Gran consultor era Manolito. Yo lo conocí cuando era muy decente y estaba en el negocio de los conteos rápidos a boca de urna, así que fuimos dupla segura en varias elecciones. Y la verdad es que el hombre la achuntaba con frecuencia. En esos tiempos era un hombre modesto que vivía bien gracias a su trabajo.

Lo volví a ver, años después, en la época en que Baruch Ivcher le hacía la vida imposible con una tonelada de juicios. Lo acusaba de trampear con las cifras del rating. Y nunca supe quién tenía la razón en esto de las sintonías y los contoneos.De lo que sí me di cuenta es de que ya el hombre estaba "trabajado" por el fujimorismo –con todo lo que eso puede implicar-. Esquivaba la mirada, hablaba más bajito que nunca, estaba secuestrado por una sucesión de subjuntivos que lo hacían indescifrable. Y una finísima caspa le veteaba los hombros, como si acabara de bajar de alguna altura alpina.

En ese periodo de su mutación, uno podía preguntarle si no creía que la gente estaba asqueada de tanta mugre nipo-peruana y el hombre te respondía:"En los sectores A y B podría estar produciéndose, no sé si un rechazo o una especie de darse cuenta de que..., es decir, de percatarse de algunas diferencias entre el discurso del presidente y lo que podría estar haciéndose, pero, como tú sabes, César, esos sectores no son representativos..."

Entonces uno, por fregar, insistía:-¿Y en el sector C? -"Bueno, allí, donde tampoco tenemos un gran peso de acuerdo al padrón electoral, podrían estar sucediendo, muy discretamente, algunos cambios que, de mantenerse, y esto es una hipótesis, alterarían en un porcentaje mínimo ciertas cifras..."El hombre se había convertido en el seguro servidor del sake y en el cortador del sashimi de Fujimori. Hablaba con la voz de un ábaco y uno presentía que tenía un kimono pervertido colgado en el baño.

Entonces uno, por fregar, insistía:-¿Y en el sector C? -"Bueno, allí, donde tampoco tenemos un gran peso de acuerdo al padrón electoral, podrían estar sucediendo, muy discretamente, algunos cambios que, de mantenerse, y esto es una hipótesis, alterarían en un porcentaje mínimo ciertas cifras..."El hombre se había convertido en el seguro servidor del sake y en el cortador del sashimi de Fujimori. Hablaba con la voz de un ábaco y uno presentía que tenía un kimono pervertido colgado en el baño.

En todo caso, demostró su sólida conversión al fujimorismo durante el largo vestíbulo de la segunda reelección (ilegal) del sátrapa. Recuerdo perfectamente las maniobras que Saavedra y Forrado –y a veces Apoyo- hicieron para desalentar a la oposición, para desacreditar los discursos alternativos, para demoler a Andrade, para favorecer al Congreso hediondo y para gritar a los vientos, con sus cifras de contadores de Enron en la mano, que Fujimori era imprescindible, que su régimen tendía a la eternidad por aclamación y que el descontento era un invento del rencor.

¡Si le hubiésemos creído a Saavedra y a su harén de sumas teológicas jamás nos habríamos librado –Baygón en ristre- del fujimorismo ladrón y asesino!Saavedra no sólo ganaba dinero aconsejando a Fujimori y dándole las encuestas que, a todo costo, le solicitaba Montesinos. Saavedra era también poderoso, íntimo y cercanísimo.

Y cuando hizo su Cepri propia y vendió su patente monopólica de mediciones de sintonía, la fortuna le llegó por fin. Ahora era un hombre encumbrado y con plata.¡Cómo ha sufrido Manolito todos estos años de casi viudez despensionada!Por eso es que ayer, más melancólico que nunca, este abanderado del fujimorismo nos regaló con una encuesta hecha –esa fue la fallida intención- para demostrarnos que "la condena a Fujimori es rechazada por el 59 por ciento de limeños". Así decía el titular colgado en el portal de RPP. Parecía escupido por Carlitos Raffo.

¿Cincuenta y nueve por ciento de limeños rechaza la condena? –me pregunté antes de enterarme de que detrás de los números estaba Saavedra. De inmediato, claro está, RPP, la radio de Manuel Delgado Parker –que pronto pondrá, en "Mi novela favorita", "Pantaleón y los visitadores del SIN"- rebotó el regalito con todos los titulares posibles y con todos los Chemas y todos los Raúles reverberando.Pero como los años a algunos mejoran y a otros les sancochan la azotea, resulta que las cifras de Manolito Saavedra no cuadran. O sea, se cuadran ante el jefazo de siempre pero resultan, como muchas de las de antes -las de los tiempos del cólera-, un verdadero fraude.

Un fraude al que el fujimorismo gregoriano de RPP se ha prestado.Porque lo cierto es que si uno examina con atención los números de CPI –más allá del sesgo de las preguntas sentimentaloides- encontrará que la verdad es exactamente lo contrario de lo que nos han querido hacer creer.Veamos. El 36 por ciento de los encuestados está plenamente conforme con la condena. Todavía hay un 4 por ciento que piensa que el veredicto debió ser más contundente. Allí tenemos ya un 40 por ciento.

Luego viene lo bueno. Si uno escarba detrás del curare que Saavedra y RPP le pusieron a los cuadros encuentra que hay un 28 por ciento de limeños que han sido puestos en el rubro del fujimorismo doliente porque han dicho que no están de acuerdo con la magnitud de la condena. No es que consideren a Fujimori inocente.

No es que consideren injusto que haya sido sometido a un proceso y condenado. En lo que no están de acuerdo es –Saavedra dixit- en la cantidad de años impuesta. ¿Eso los hace parte de la corte que Saavedra y RPP integran vestidos a lo Pompadour?No. Y por eso es que hablamos de una auténtica manipulación de resultados. Frente a la pregunta específica de si Fujimori debió ser o no condenado, sólo un 26 por ciento, según los propios números semiencriptados de Saavedra, está por la absolución.

De modo que si sumamos el 36 por ciento de conformes, el 4 por ciento que piensa que debieron ser más años y el 28 por ciento de los que no rechazan una condena pero sí la severidad de la del martes, tenemos que el 68 por ciento de los encuestados han rechazado la idea de la inocencia y la absolución y que sólo un 26 por ciento se ha manifestado por la liberación sin cargos del señor Fujimori.¿Ven hasta dónde puede llegar el criollismo del trío Los Chemas (Saavedra, Salcedo y Manuel Delgado)?

No importa. Estas majaderías de lloronas que solicitan su montepío era de esperarse. Ahora lo que aguardamos con fervor es la encuesta Benavente-Ilse, financiada por la rabia cuantiosa de quienes prosperaron hasta la grosería gracias a las leyes de la dictadura.En otro cuadro, Saavedra ha puesto la pica en Flandes (o en Palacio de Gobierno).

Dice que un 52 por ciento de encuestados de la capital estaría muy de acuerdo con que Alan García indulte a Fujimori.Ese era el asunto de fondo. Primero te cuento lo de la injusticia y el clamor gimiente de las masas. Después te invito a que abras la reja. Ojalá que García, que en estos días parece haber recordado que es un Presidente, no caiga en estos cantos de manatí.

F

LO CONDENARON

El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado esta tarde a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial por crímenes contra la humanidad y secuestro en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.
De esta manera, el tribunal supremo determinó que Alberto Kenya Fujimori Fujimori saldrá en libertad el 10 de febrero de 2032 cuando el ex mandatario tenga 93 años. La pena es computada desde el 7 de noviembre de 2005 cuando Fujimori fue detenido en Chile.
Poco después de las 12:17 de la tarde se leyó la condena a Fujimori “como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de (los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos)”.
“Los mencionados delitos de homicidio calificado constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal”, añadió la relatora encargada de la lectura. Luego se refirió a los secuestros agravados contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro y conformada por los magistrados Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga lo halló culpable por unanimidad.
“Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. La sentencia que se emite es condenatoria”, dijo el magistrado San Martín durante la mañana al inicio de la sesión.
PASARON 484 DÍASFujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el pasado 10 de diciembre de 2007.
Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la lectura de las acusaciones. Escribía en una libreta de apuntes sin mirar en ningún momento al tribunal. Solo lo hizo cuando escuchó la sentencia condenatoria.
En ese instante, Fujimori juntó las manos y entrelazó los dedos. No hizo gesto alguno, pero poco después apeló el fallo con recurso de nulidad.
Sus dos hijos más conocidos, Keiko y Kenji Fujimori, escucharon la sentencia con molestia, mientras que la madre de uno de los estudiantes universitarios de La Cantuta asesinado por el grupo Colina lloró por un momento.
UN CASO IMPORTANTE Y COMPLEJOEl juez San Martín comentó al inicio de la sesión que, por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones, tuvo que trabajar con un equipo formado por más de 20 personas.
En efecto, se supo que la sentencia estaba dividida en cuatro partes, constaba de 711 folios, 8.390 parágrafos, 1.258 notas a pie de página y el texto estaba escrito en letras Century de tamaño 11.
La relatora de la sentencia, Yanet Carazas Garay, empezó a leer los 247 fundamentos que sustentan la condena de Fujimori por los cuatro delitos, luego de las 9:27 de la mañana y concluyó un minuto antes del mediodía.
El proceso penal es importante por ser la primera vez que un ex mandatario peruano y latinoamericano, elegido bajo comicios democráticos, es declarado culpable bajo la justicia nacional por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori gobernó el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta que renunció vía fax luego de huir a Japón el 19 de noviembre de 2000.

PRODUCE IMPONDRÁ SEVERAS SANCIONES A PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES PESQUERAS POR ADULTERAR CODIGO DE BALIZAS
Ante el inicio de temporada de pesca de anchoveta
Lima, 06 de abril de 2009.- El Ministerio de la Producción (PRODUCE), informó que se impondrán severas sanciones a los propietarios de las embarcaciones pesqueras que sean sorprendidos al momento de realizar el desembarco de productos pesqueros con balizas de ubicación satelital adulteradas.
Indicó que esta medida tiene por finalidad evitar casos de suplantación de naves, por tal motivo se advierte a los armadores pesqueros que los inspectores de las empresas certificadoras a cargo del "Programa de Control y Vigilancia de la Pesca y Desembarques en el Ámbito Marítimo", verificarán obligatoriamente el código de identificación de las balizas del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), las cuales están instaladas a bordo de las embarcaciones pesqueras que ingresan a las chatas y muelles para descargar los recursos destinados a la fabricación de harina y aceite de pescado.
"Se exigirá en las inspecciones que la antena (baliza) y equipos del SISESAT sean accesibles para la inspección, que la baliza tenga código de identificación y se encuentre legible, además sólo deberá existir una baliza instalada a bordo de cada embarcación pesquera, no pudiendo quedar a bordo balizas desactivadas del mismo u otro proveedor", mencionó PRODUCE.
Asimismo, dijo que en caso de verificarse que la baliza no es accesible para la inspección, no posea código de identificación o esté ilegible, o que el código no coincide con el registrado en la Base de Datos del Ministerio de la Producción, se procederá a decomisar los recursos descargados y a inmovilizar a la embarcación hasta que la Autoridad Marítima aclare su identidad.
"Se recuerda que la suplantación está sancionada con decomiso, multa y la cancelación del permiso de pesca, o la inmovilización y varado de la embarcación infractora, en caso de no tener permiso de pesca", finalizó el Ministerio.