DEBEN MAS DE 6 MIL MILLONES
Presentan aval con sueldo mínimo y no pagan al ser excarcelados.
En esta suerte de festín de indemnizaciones en que los acusados por terrorismo reclaman al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos millonarias sumas, una pregunta, empero, es pertinente hacer desde la otra orilla, en la que estamos los peruanos que sufrimos la lacra subversiva y que no lucramos con ella como las ONG: ¿cuánto le deben los terroristas al Estado peruano sin que nadie se preocupe por cobrarles?
Esta pregunta engloba otras que también merecen respuestas contundentes: ¿Por qué no hay mecanismos expeditivos para que las instancias pertinentes del aparato legal estatal puedan hacer el cobro de esos pagos? ¿Por qué los terroristas, a diferencia de los militares, recurren a subterfugios y leguleyadas, que son tolerados por el sistema de justicia, para no pagar esas sumas?
Una enorme deudaLa respuesta, que no se cae de madura porque, obviamente, los defensores del terrorismo nunca lo han dicho por cuestiones “estratégicas”, es necesario decirla ahora: más de 6 mil millones de soles, cifra que en los últimos años se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Procuraduría Antiterrorista, que no sabe cómo cobrar el monto fijado por las sentencias judiciales que ellos no cumplen.
La información oficial indica que sólo el año pasado, el Estado dejó de percibir de parte de los sentenciados por terrorismo, cerca de 4 millones 120 mil soles por concepto de “reparación civil”.
Los cerca de 2 mil morosos que ya dejaron la cárcel masivamente, gracias a los beneficios de la “liberación condicional” no han resarcido su deuda pecuniaria a la sociedad, pese a que era uno de los requisitos para que se le otorgase dicho beneficio.
Nueva revelaciónY en este punto surge una nueva revelación. Las autoridades han detectado que luego de obtener un informe favorable en el Consejo Técnico del Inpe para su liberación, presentan ante el juzgado supranacional una carta poniendo como aval a un conocido o familiar, quienes luego de recobrada la libertad de su “protegido”, comunican al Poder Judicial que ganan un sueldo mínimo y que les es imposible pagar lo pactado.
Con ello, una vez más se sorprende al Estado y la deuda termina siendo eterna e impagable.EscándaloAsí, y en amparo de las cifras oficiales, la Procuraduría sólo ha logrado recabar 3 mil 700 soles en los últimos años.
El ejemplo más representativo de esta especie de “perro muerto” lo constituye la cúpula de Sendero Luminoso (Abimael Guzmán y 11 cabecillas terroristas), sentenciada en noviembre del 2007 a pagar 3 mil 700 millones de soles al Estado, pero que en versión del propio Alfredo Crespo Bragayrac, abogado de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, no podría pagarse nunca, porque su patrocinado no cuenta con un trabajo, ni posee bienes.
Por cierto, el mismo Crespo fue condenado a pagar 30 mil soles, pero no ha cumplido con pagar dicha suma.Sin pagar un solOtro ejemplo del escándalo se dio el año pasado cuando “importantes” miembros de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) salieron por la puerta grande del penal, sin pagar ni un sol.
Américo Gilvonio Conde, quien a inicios de los 90 era considerado el número 3 de esa organización, debajo de Néstor Cerpa Cartolini y de Miguel Rincón Rincón, debe al Estado 10 mil nuevos soles.
Gilvonio participó en los secuestros y extorsiones del general FAP (r) Héctor Jerí y de los empresarios Héctor Delgado Parker, Carry Klimper Han, Víctor Macedonio de la Torre Romero, Enrique Alalu Buchut y Antonio Furukawa.Casos similares
Otros que destacan en el grupo de liberados que le deben al Estado es Roberto Pizarro Ccori, capturado el mismo día en que atraparon a Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, Orlando Hilares Catalán y Rubén Orlando Ríos Fernández, todos integrantes de “Socorro Popular”, la facción más radical de Sendero Luminoso, involucrados en brutales atentados con coches-bomba y en el asesinato de María Elena Moyano.
Ellos le adeudan cerca de 30 mil soles al Estado.Apari- BerensonUn capítulo aparte lo constituyen los sentenciados por terrorismo Aníbal Apari Sánchez, y su aún esposa la norteamericana Lori Berenson.
El primero le debe 20 mil soles al Estado y la segunda debió haber pagado 100,000 soles, pero gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy camina por las calles sin tener que resarcir económicamente a la sociedad peruana.
Con la misma vara
Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que mediante la Ley 27770, el Estado faculta a que se acojan a este beneficio de “libertad condicional” los sentenciados por delito de peculado, colusión y asociación ilícita para delinquir (corrupción), sólo cumpliendo las partes de la pena y pagando el 100% de la reparación civil. Sin embargo, dicha reparación, en el caso de terroristas, no fue contemplada en el derogado Decreto 927, tiempo en que más terroristas salieron en libertad.
“La verdad es que los terroristas salieron bajo el beneficio de libertad condicional, solo con el informe del Inpe y cumpliendo las partes de la pena y sin pagar un sol al Estado”, dijo nuestra fuente.
