Fracasa política ‘‘antiinflacionaria’’ del MEF
miércoles, 02 de abril de 2008
Humberto Campodónico.
Diario La Repùblica
Rebaja de Aranceles a algunos alimentos e inflación de marzo 2008. Haga click en la imagen para ampliar.
La inflación del 1.04% de marzo, anunciada ayer, tiene que preocupar aún más al gobierno. La inflación anual (marzo 2008/abril 2007) está en 5.55% y el Índice de Precios al por Mayor y el Índice de Precios de la Construcción llegan a 8.03 y 10.75%. Si bien es cierto que la inflación es mundial, por motivos ya debatidos (biocombustibles, petróleo, aumento de la demanda asiática, compra de minerales para cubrirse de la caída del dólar), lo que debe analizarse es la calidad y el impacto de las políticas nacionales antiinflación.
Lo primero que se aprecia es el fracaso del MEF, que dijo que las rebajas arancelarias a los productos alimenticios importados bajarían la inflación sustituyendo en los hechos las funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Pues bien, en marzo, según el INEI, los productos que más subieron, por efecto de insumos importados, fueron el trigo (1.2%), el maíz amarillo duro, la leche en polvo (2.1%) y el aceite de soya (6.5%). Todos ellos tuvieron hace poco rebajas de aranceles (por ejemplo el trigo duro bajó de 17% en el 2006 a 0% en julio del 2007, ver cuadro).
Esta política insensata fue aplicada por Carranza, aprovechando el pánico del Presidente a la inflación, generalizándola a miles de partidas arancelarias. Así, el país entregó su mercado interno a la producción extranjera, sin consulta alguna con los gremios perjudicados. Además, virtualmente eliminó las negociaciones comerciales con otros países: ¿qué vamos a negociar si ya casi todo está en arancel cero? ¿Para qué, entonces, se negoció un TLC con EEUU si todo iba a terminar en una rebaja unilateral de aranceles? ¿Qué se va a negociar con la Unión Europea, con México, con China?
El segundo fracaso es el combate a la inflación con el dólar barato. Se sabe que la tendencia devaluatoria del dólar es mundial. OK. Pero la mayoría de Ministerios de Economía de la región aplica medidas para evitar su derrumbe (y, en parte, los bancos centrales para evitar la volatilidad del tipo de cambio). Pero el MEF no ha movido un dedo, a pesar de los reiterados pedidos de los sectores involucrados y la creciente preocupación de quienes tienen ahorros en dólares.
Esta actitud ignora, a sabiendas, que los especuladores (como el BBVA y el Deutsche Bank) "traen el dinero en carretillas". Por eso no quiere aplicar un impuesto a los "capitales golondrinos". También ignora (¿será?) que los mercados son oligopólicos y los importadores se quedan, tanto con el diferencial del tipo de cambio, como con los márgenes de la rebaja arancelaria.
Un tercer fracaso radica en la ausencia de políticas sectoriales por el Ministerio de Agricultura. Hasta ahora no se materializa la importación directa de fertilizantes (sobre todo úrea, cuyos precios se han duplicado). Y lo que es peor: la libre importación se ha vuelto a trabar porque se ha decretado la privatización de Agrobanco.
Tampoco se ha reglamentado la Ley 28812 (de julio del 2006), que otorga un incentivo a los productores de maíz amarillo duro, ya que al MEF "no le gustan" los incentivos específicos. Mientras tanto, seguimos importando el 60% del maíz. Hay toda una serie de medidas sectoriales que se pueden aplicar, pero, nada.
Para el gobierno, que baja cada día más en las encuestas, sería bueno "airearse" y cambiar de política económica, lo que debiera comenzar por retroceder en las rebajas arancelarias, reforzar el tipo de cambio y aplicar políticas sectoriales en el agro. A menos que se quiera seguir aplicando más de la misma, fallida, receta.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
jueves, 3 de abril de 2008
martes, 1 de abril de 2008
lunes, 31 de marzo de 2008
POLÍTICA
Se viene debate de la ley del empleo público
Tras cuatro años de espera
Por Jorge Saldaña
EL COMERCIO
La primera vez que el Congreso quiso regular el quehacer de los 684 mil burócratas que laboran en el Estado fue en el 2005, pero la futura ley se archivó. Tres años después la Comisión de Trabajo del Parlamento tiene todo listo para iniciar de nuevo una amplia discusión para la dación de la tantas veces reclamada ley del empleo público.
Hay dos novedades en el dictamen que El Comercio obtuvo ayer en calidad de adelanto informativo y que empezará a debatirse dentro de 72 horas en ese grupo de trabajo: la incorporación de los principios de la evaluación y de la meritocracia como criterios básicos y permanentes para todos aquellos trabajadores estatales (sean nombrados o contratados) que laboran en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, municipalidades y los organismos constitucionales autónomos.
Para estos efectos se pretende reactivar la Escuela Superior de Administración Pública con el nombre de Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), la cual será la responsable de dirigir las actividades de capacitación del sector público en la mira de conseguir la profesionalización de empleado estatal.
Eso sí, la futura ley del empleo público no considera lo relativo al sistema de remuneraciones que debe regir en la administración pública, porque --según reza en el dictamen-- "depende de las decisiones de carácter presupuestal que varían año tras año".
Hay otras novedades que contiene la proposición legislativa, como que los funcionarios estatales encargados del manejo económico rendirán cuentas periódicas de los gastos que ejecutan o que para el ingreso, la permanencia, las condiciones de trabajo y los ascensos en la burocracia estatal se fundamentarán en el mérito objetivo y capacidad del personal. Es decir, se acabaron los 'tarjetazos', y si alguien quiere cubrir una plaza, deberá someterse a un concurso.
El congresista de Alianza Parlamentaria e integrante de la Comisión de Trabajo, Yonhy Lescano, aseveró que no debe votarse ningún artículo del dictamen de la ley de empleo público, porque se requerirá examinar "con calma" cada uno de sus alcances, y no descartó la posibilidad de que fueran citados los representantes del Ministerio de Trabajo y de la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) para atender sus planteamientos sobre el particular.
Lescano dijo que un aspecto cuya inclusión propondrá en esta futura ley es el establecimiento de una escala remunerativa en función de los resultados de la labor que cumplen los trabajadores en cada repartición estatal, "aunque sea unos parámetros fundamentales, y tener así una ley completa".
Por su parte, el legislador del Partido Nacionalista Peruano Víctor Mayorga consideró que luego de una primera lectura del dictamen presentado, "hay una serie de aspectos que tenemos que examinar con la máxima paciencia sin que esto demore mucho. Eso sí, esta ley también debe ser aprobada junto con la ley general del trabajo antes de que concluya la actual legislatura", recalcó.
Mientras tanto, el vocero del Grupo Parlamentario Fujimorista, Carlos Raffo, aseveró que su bancada parlamentaria no está ajena al objetivo positivo de ordenar el actual caos que existe en la administración estatal, "pero daremos la lucha para que esta futura ley sea sustentable en el presupuesto nacional. Se quiere que muchos trabajadores estatales que laboran en el régimen de 'service' pasen a planilla. Nosotros no vamos a respaldar una medida de esa índole", dijo.
SEPA MÁS
4 El gran problema que padece la administración estatal es que coexisten tres regímenes de contratación de personal: el de los nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Ley 276), los del régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728) y los contratados mediante servicios no personales (SNP).
4 La última vez que se realizó un censo de empleados público fue en febrero del 2005. Allí se concluyó que no se cuenta con una base de datos con información confiable de cuántos trabajan en tal o cual entidad estatal.
Se viene debate de la ley del empleo público
Tras cuatro años de espera
Por Jorge Saldaña
EL COMERCIO
La primera vez que el Congreso quiso regular el quehacer de los 684 mil burócratas que laboran en el Estado fue en el 2005, pero la futura ley se archivó. Tres años después la Comisión de Trabajo del Parlamento tiene todo listo para iniciar de nuevo una amplia discusión para la dación de la tantas veces reclamada ley del empleo público.
Hay dos novedades en el dictamen que El Comercio obtuvo ayer en calidad de adelanto informativo y que empezará a debatirse dentro de 72 horas en ese grupo de trabajo: la incorporación de los principios de la evaluación y de la meritocracia como criterios básicos y permanentes para todos aquellos trabajadores estatales (sean nombrados o contratados) que laboran en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, municipalidades y los organismos constitucionales autónomos.
Para estos efectos se pretende reactivar la Escuela Superior de Administración Pública con el nombre de Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), la cual será la responsable de dirigir las actividades de capacitación del sector público en la mira de conseguir la profesionalización de empleado estatal.
Eso sí, la futura ley del empleo público no considera lo relativo al sistema de remuneraciones que debe regir en la administración pública, porque --según reza en el dictamen-- "depende de las decisiones de carácter presupuestal que varían año tras año".
Hay otras novedades que contiene la proposición legislativa, como que los funcionarios estatales encargados del manejo económico rendirán cuentas periódicas de los gastos que ejecutan o que para el ingreso, la permanencia, las condiciones de trabajo y los ascensos en la burocracia estatal se fundamentarán en el mérito objetivo y capacidad del personal. Es decir, se acabaron los 'tarjetazos', y si alguien quiere cubrir una plaza, deberá someterse a un concurso.
El congresista de Alianza Parlamentaria e integrante de la Comisión de Trabajo, Yonhy Lescano, aseveró que no debe votarse ningún artículo del dictamen de la ley de empleo público, porque se requerirá examinar "con calma" cada uno de sus alcances, y no descartó la posibilidad de que fueran citados los representantes del Ministerio de Trabajo y de la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) para atender sus planteamientos sobre el particular.
Lescano dijo que un aspecto cuya inclusión propondrá en esta futura ley es el establecimiento de una escala remunerativa en función de los resultados de la labor que cumplen los trabajadores en cada repartición estatal, "aunque sea unos parámetros fundamentales, y tener así una ley completa".
Por su parte, el legislador del Partido Nacionalista Peruano Víctor Mayorga consideró que luego de una primera lectura del dictamen presentado, "hay una serie de aspectos que tenemos que examinar con la máxima paciencia sin que esto demore mucho. Eso sí, esta ley también debe ser aprobada junto con la ley general del trabajo antes de que concluya la actual legislatura", recalcó.
Mientras tanto, el vocero del Grupo Parlamentario Fujimorista, Carlos Raffo, aseveró que su bancada parlamentaria no está ajena al objetivo positivo de ordenar el actual caos que existe en la administración estatal, "pero daremos la lucha para que esta futura ley sea sustentable en el presupuesto nacional. Se quiere que muchos trabajadores estatales que laboran en el régimen de 'service' pasen a planilla. Nosotros no vamos a respaldar una medida de esa índole", dijo.
SEPA MÁS
4 El gran problema que padece la administración estatal es que coexisten tres regímenes de contratación de personal: el de los nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Ley 276), los del régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728) y los contratados mediante servicios no personales (SNP).
4 La última vez que se realizó un censo de empleados público fue en febrero del 2005. Allí se concluyó que no se cuenta con una base de datos con información confiable de cuántos trabajan en tal o cual entidad estatal.
Hay mucha gente diferente viendo el mismo riesgo.
Por Augusto Alvarez R.
Peru 21
Empieza a extenderse la sensación de que, casi sin darnos cuenta, de manera gradual, como suele avanzar la mayoría de procesos sociales, la intolerancia se ha instalado de una manera peligrosa en el país.
Varias expresiones recientes van en esa dirección. No está bien, por ejemplo, que una autoridad de la importancia del alcalde de Lima diga que sus críticos son unos "parásitos" (antes había dicho que tienen "mentalidad de bodegueros", pero ya se dio cuenta de que los bodegueros tienen DNI y votan en las elecciones, a diferencia de los parásitos).
Ello se suma a todos 'los perros del hortelano' del presidente, una manera despectiva de considerar a los que no comparten su punto de vista. También, a la impaciencia de los políticos por las preguntas que normalmente la prensa debe plantear. Desde Alan García, hasta Luis Castañeda, pasando por el ministro Rafael Rey, se han molestado con los periodistas que no se comportan de un modo 'positivo'.
Ahora bien, todo lo anterior podría ser, simplemente, expresiones poco elegantes o de mal gusto. Pero en el fin de semana que pasó varios comentaristas provenientes de enfoques ideológicos muy diferentes han coincidido, de distintas maneras, en percibir señales de una intolerancia peligrosa.
En Perú.21, Rosa María Palacios vio con preocupación que el apego del presidente García por el modelo chino, sustentado en mucho crecimiento económico y poca libertad política, lo lleve a extenderlo al Perú. A su vez, Santiago Pedraglio coincidió en el riesgo de esta admiración por el esquema chino, y observó que se ha desatado un hostigamiento sistemático a quienes discrepan con el gobierno y sus ideas. Jorge Bruce reflexionó de un modo parecido y lamentó que, por el peso de su opinión, Mario Vargas Llosa solo celebre el enfoque económico del segundo régimen de García y no se percate de su manejo político. A su vez, en La República, Alberto Adrianzén y Mirko Lauer coincidieron en advertir una ola de macarthismo en algunos medios.
Mucha gente diferente, viendo lo mismo, constituye una señal de que estamos ante un fenómeno peligroso para el país.
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Por Augusto Alvarez R.
Peru 21
Empieza a extenderse la sensación de que, casi sin darnos cuenta, de manera gradual, como suele avanzar la mayoría de procesos sociales, la intolerancia se ha instalado de una manera peligrosa en el país.
Varias expresiones recientes van en esa dirección. No está bien, por ejemplo, que una autoridad de la importancia del alcalde de Lima diga que sus críticos son unos "parásitos" (antes había dicho que tienen "mentalidad de bodegueros", pero ya se dio cuenta de que los bodegueros tienen DNI y votan en las elecciones, a diferencia de los parásitos).
Ello se suma a todos 'los perros del hortelano' del presidente, una manera despectiva de considerar a los que no comparten su punto de vista. También, a la impaciencia de los políticos por las preguntas que normalmente la prensa debe plantear. Desde Alan García, hasta Luis Castañeda, pasando por el ministro Rafael Rey, se han molestado con los periodistas que no se comportan de un modo 'positivo'.
Ahora bien, todo lo anterior podría ser, simplemente, expresiones poco elegantes o de mal gusto. Pero en el fin de semana que pasó varios comentaristas provenientes de enfoques ideológicos muy diferentes han coincidido, de distintas maneras, en percibir señales de una intolerancia peligrosa.
En Perú.21, Rosa María Palacios vio con preocupación que el apego del presidente García por el modelo chino, sustentado en mucho crecimiento económico y poca libertad política, lo lleve a extenderlo al Perú. A su vez, Santiago Pedraglio coincidió en el riesgo de esta admiración por el esquema chino, y observó que se ha desatado un hostigamiento sistemático a quienes discrepan con el gobierno y sus ideas. Jorge Bruce reflexionó de un modo parecido y lamentó que, por el peso de su opinión, Mario Vargas Llosa solo celebre el enfoque económico del segundo régimen de García y no se percate de su manejo político. A su vez, en La República, Alberto Adrianzén y Mirko Lauer coincidieron en advertir una ola de macarthismo en algunos medios.
Mucha gente diferente, viendo lo mismo, constituye una señal de que estamos ante un fenómeno peligroso para el país.
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