El Gobierno Regional, terminó el 2009 llevando a cuestas la pesada carga de la deficiencia en las obras, de las que el presidente regional, César Trelles Lara, en los siete años consecutivos, de gestión aprista, no ha sabido desprenderse. Deficiencias que se dan no sólo en el proceso constructivo, sino desde la elaboración de los expedientes técnicos y el mismo proceso de licitación. Así lo confirman diversas observaciones presentadas y denunciadas ante el Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE).
Pese a que el gobierno regional, durante el 2009 recibió mucho más dinero que años anteriores (más de 433 millones de soles para inversión), éste no sólo no se gastó a tiempo, sino que la población que debió ser beneficiada, no recibió la obra esperada en buenas condiciones y el Estado se vio afectado porque los costos de las obras se incrementaron por diversos motivos.La deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos, obligó en muchos casos a su reformulación y así obras que empezaron con un precio referencial de 3 millones, terminó costando más de 4 millones de soles (carretera Tambogrande – Chulucanas).En otros casos, el Estado tuvo que destinar un nuevo presupuesto ya que las contratistas no sólo no hicieron los trabajos, sino que cobraron casi el 100 % del presupuesto. Caso emblemático son los trabajos de mantenimiento y rehabilitación, encargadas a la FAP, como la carretera Paita – Yacila y Km 50 – Chulucanas. La construcción de la carretera El Faique –Huarmaca, es otro sonado caso, cuyo presupuesto fue de 8 millones de soles. Ahora se sigue a la espera de la obra. El denominador común en las obras a cargo del Gobierno Regional es que el avance financiero (gasto del presupuesto) siempre es mucho mayor al avance físico (trabajos en sí). La respuesta es que la ley le exige a la entidad contratante, pagar adelantos económicos y de material, a la empresa para que pueda empezar los trabajos. Pero no hay una supervisión efectiva y tampoco se exige a la contratista el cumplimiento del contrato. ¿Por qué esa permisividad?.
Casos en cuestiónAl Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), llegó la denuncia de presuntas irregularidades en el desarrollo de la licitación pública para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego del Canal Jíbito Margen Izquierda del río Chira".Ante este mismo organismo, se denunció irregularidades en la integración de bases de la licitación pública para la ejecución de la obra "Mejoramiento de riego y generación hidroenergética del Alto Piura Meta : rehabilitación y mejoramiento de la carretera San Miguel de El Faique – Huarmaca".En estos casos, el OSEC, solicitó a los responsables que emitan información documentada para deslindar responsabilidad, pero no lo hicieron.Un tercer caso es la alerta que dio la dirección de licitaciones de contratos y programación de la Gerencia de Infraestructura al gerente de esa área, al indicar que la carta fianza presentada por el consorcio La Islilla para el Mejoramiento de la carretera vecinal La Islilla, fue emitida por una entidad que no está inscrita en la lista de empresas del sistema financiero y del sistema de seguros autorizados a emitir cartas fianza por el Osce.El cuarto caso se refiere a los informes de las direcciones de construcción y de estudios sobre la improcedencia para el pago de un segundo adicional (800 mil soles más del precio referencial), al Consorcio Vial Piura, a cargo de la obra Mejoramiento de la Carretera Chulucanas - Tambogrande.Se alertó que este adicional representa el 4,38% del presupuesto contratado. Más aún cuando ya se había pagado un primer adicional que representaba el 6,64 % sobre el valor contratado. Sin embargo, el gerente de Infraestructura autorizó su pago.
Comités de LicitaciónA esto se añade un hecho singular y se refiere a la designación del Gerente de Infraestructura, William Bejarano, como parte de la mayoría de los comités especiales de licitación, ya sea como presidente o como segundo miembro.Esto llama la atención, porque su cargo le exige estar vigilante de las licitaciones y de la construcción de las obras para que éstas se cumplan de acuerdo a las normas, respetando el contrato y usando de manera eficiente el dinero público. Pero al ser parte de los comités de licitación, se convierte en juez y parte, por tanto, descuida la naturaleza de sus funciones. De acuerdo al MOF (Manual de Organización y Funciones) de la entidad regional, el gerente de Infraestructura, es quien aprueba los expedientes técnicos que son parte del expediente de contratación, aprobado por la Dirección General de Construcciones, dependencia de esa gerencia. Coincidentemente, las licitaciones donde participó Bejarano, son las cuestionadas.