PREVENCIÓN.

INFORMARÁ SOBRE ENDURECIMIENTO DE SANCIONES POR INFRINGIR NORMAS DE TRÁNSITO

MTC pondrá en marcha una campaña de difusión- Nuevas disposiciones regirán dentro de 90 días, precisa ministro Cornejo- Plan se ejecutará por recomendación de la Defensoría del Pueblo En los próximos días se iniciará, con apoyo del sector privado, una campaña de difusión y educación para informar a los conductores y a la población peruana sobre las nuevas sanciones por infringir las normas de tránsito, anunció el ministro de Transportes, Enrique Cornejo.

El funcionario recordó que las normas publicadas el miércoles 22 –los nuevos Código de Tránsito y Reglamento de Administración de Transportes– recién entrarán en vigencia en 90 días, por lo que la campaña se prolongará durante todo ese tiempo.“Vamos a educar con ayuda del sector privado sobre las dos disposiciones.

Hay 90 días para hacer conocer a la población, con el fin de que después no nos digan que no sabían nada. Esta recomendación nos la formuló la Defensoría del Pueblo y la hemos aceptado”, declaró en RPP.Al responder comentarios de que las multas establecidas en el Código de Tránsito son muy elevadas, Cornejo manifestó que “efectivamente, son fuertes, y eso se hizo a propósito, para que nadie se atreva a manejar infringiendo las normas”.

“Hagamos como se hace en otros países: uno de los miembros del grupo que va a una reunión se sacrifica y no toma alcohol, y así, en otra oportunidad, van rotando. Aquí estamos hablando de la importancia de la vida”, expresó al referirse a quienes manejan ebrios.

Conciencia

Tras recordar que en los últimos once años 423 mil peruanos han sido afectados por accidentes de tránsito, sostuvo que las personas no deben esperar que el accidente llegue a sus familias para recién sensibilizarse.Cornejo calculó que 12 meses después de que entren en marcha las sanciones se reducirán sustantivamente los accidentes de tránsito, principalmente en zonas urbanas.

PREVENCIÓN BÁSICA
Desastres y hospitales seguros
Por: Mirta Roses P
Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones y otros fenómenos azotan con frecuencia nuestra región, que cada año padece un promedio de 130 desastres de diferente magnitud. Cuando acontece un desastre, nuestra más inmediata preocupación es salvar vidas, ayudar a los heridos y restaurar el bienestar de las comunidades afectadas. Eso no se puede lograr sin un elemento vital: nuestros hospitales, aunque más de la mitad (8 mil) en Latinoamérica están situados en zonas de alto riesgo.
Construir hospitales seguros es factible. De hecho, los estudios demuestran que si se incorporan las medidas recomendadas para mitigar los riesgos de desastres naturales desde las etapas de planeación y diseño de un nuevo hospital, el costo de construir y equipar un nosocomio seguro es el mismo que el de un hospital vulnerable. En cambio, según un estudio realizado por la Cepal, un hospital inseguro genera pérdidas millonarias por el costo de la infraestructura, de los equipos y los materiales que se pierden al fallar durante un desastre natural, así como costos económicos indirectos y elevados costos humanos y de salud.
La estrategia de hospitales seguros impulsada por la OPS promueve que se construyan los nuevos hospitales de acuerdo con las normas de seguridad. Países como Ecuador, México y Perú han creado programas nacionales de hospitales seguros y Centroamérica está trabajando en un ambicioso plan para desarrollar esta iniciativa en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el Caribe, Barbados, Cuba, Dominica, Jamaica, Granada, San Cristóbal y Nevis San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, entre otros, están utilizando un índice de seguridad hospitalaria creado para evaluar los niveles de seguridad en 145 diferentes áreas, lo mismo que Bolivia y Paraguay.
En la tarea de reducir la vulnerabilidad de los hospitales ante los desastres naturales deben primar las consideraciones humanitarias y de salud pública, aunque también es una excelente inversión. Los responsables de tomar decisiones sobre las inversiones públicas que afectan a la colectividad deben tener presente que la ciudadanía está muy consciente del mensaje central: “Cuando ocurre un desastre, los hospitales seguros salvan vidas”.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)

EDITORIAL
Caso Valdez: la justicia debe desterrar la impunidad
Finalmente, la Corte Suprema aprobó el traslado a Lima del juicio contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, perpetrado por sicarios que hoy purgan condena.
Se trata de una buena noticia sí, pero que nos debe hacer reflexionar sobre lo que nos está costando hacer justicia en un caso emblemático para el respeto de los derechos fundamentales. Y es que el crimen del periodista, odioso y repudiable, es también una afrenta a la ciudadanía y sus derechos inalienables a informarse y opinar.
Efectivamente, tras el asesinato, ocurrido hace cinco años, el proceso ha estado salpicado de sospechosas irregularidades. Si ha llegado al estadio actual ha sido no solo por la tenacidad de la parte civil, fiscales y procuradores, sino también por la saludable presión de la opinión pública y de la prensa, a más de firmes pronunciamientos de entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa.
El traslado del juicio a Lima, como reconoce la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se justifica principalmente porque “se ha venido conculcando diversas garantías fundamentales correspondientes a un normal desarrollo” de un proceso, en el que “no existen las condiciones institucionales de independencia e imparcialidad que garanticen a los familiares del periodista la realización de un juicio justo”.
Por si fuera poco, Valdez afronta otros procesos por lavado de activos y tráfico de drogas, que tienen relación con el crimen de Rivera, quien denunció valientemente esos vínculos delictivos, lo cual habría sido el móvil del crimen.
Como es público, el procesado amasó inmensas fortunas de dudoso origen y escaló a importantes cargos públicos, en los que ejercía enorme poder económico y político. Con ello pudo amedrentar a algunos magistrados que, salvo honrosas excepciones, incurrieron en maniobras de postergación y otras irregularidades. La última fue el intento de la Corte Superior de Ucayali de continuar el juicio allí, desconociendo la autoridad de la Sala Penal Suprema, cuyo pronunciamiento era inminente. Antes fue escandalosa la manera como se lo absolvió de todo cargo, lo que llevó a la Corte Suprema a anular dicho fallo.
¡No debe haber lugar para más artilugios ni dilaciones! El Poder Judicial tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y de demostrar, ponderando las evidencias de modo imparcial, que aplica la ley y cierra las puertas a la impunidad, en un caso tan trascendental para la defensa de los derechos ciudadanos, que la prensa local y mundial siguen con interés y preocupación.

El perro del hortelano judicial
Por: Juan Paredes Castro
Haberse guardado en cajas las evidencias del espionaje telefónico tanto tiempo no solo habla muy mal de la jueza María Martínez sino que abre una sospecha punible sobre su conducta funcional.
Más aun, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, pese a ser consciente de que estamos ante la más grande organización criminal de violación del secreto de las comunicaciones, apoya el hecho con su silencio, y deja al descubierto un grave problema de incompetencia o de complicidad delictiva impune.
Antes, como se sabe, esta misma jueza prácticamente arrancó la investigación del “chuponeo” de manos del Ministerio Público, con la leguleyada de que era la titular en esa materia y que los fiscales de turno, por más tecnología y especialización que pusieran al servicio del caso, estaban demás, pues a juicio de sus magistrados superiores, “los técnicos se alquilan”.
Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación, ha tenido más de un encontronazo con César Vega Vega, que indudablemente no ha servido de nada, excepto para comprobar la acentuada sombra del perro del hortelano (que no investiga ni deja investigar) en algunos importantes juzgados de Lima. Lo insólito es como, careciendo de los más elementales recursos para enfrentar al crimen desde un primer momento, estos juzgados desdeñan el trabajo de las fiscalías o, lo que es peor, acaban por sabotearlos, como ha ocurrido con las evidencias y pruebas del espionaje telefónico.
Ahora emerge de esas sombras del perro del hortelano judicial lo que nadie esperaba: que el software destinado a ver los materiales incautados a la mafia del espionaje telefónico, carece de licencia, es decir, se aproxima más a un instrumento tecnológico pirata que a otro que solo sea el producto de un grave descuido burocrático o de adquisición comercial.
Sin embargo, preguntémonos: ¿puede abrirse una audiencia judicial de deslacrado y apertura de cajas de evidencias y pruebas criminales, teniendo a la mano un software pirata para analizarlas?
¿No estamos acaso ante la mayor demostración de incompetencia de la jueza Martínez, que todo lo resuelve aplazando las citaciones y las audiencias?

El cambio a la TV digital no afectará a todos

Quienes solo usan la señal abierta serán quienes se deban adaptar. Crearon comisión que recomendará cómo elaborar el plan de transición.

Por: Bruno Ortiz Bisso

Luego del anuncio del Gobierno sobre su decisión de usar el estándar japonés-brasileño para la televisión digital terrestre, seguramente aún le han quedado algunas dudas al respecto. A continuación se las contestamos.

1. ¿Qué tanto le afectará al televidente esta decisión?Todo depende de cuál sea el tipo de señal que más consuma. Es decir, si usted solo ve los canales de señal abierta (es decir, los que se captan de manera gratuita con solo encender el televisor) esta decisión sí le afectará, pues el estándar elegido es para este tipo de transmisiones. Usted necesitará contar con un televisor preparado o con un decodificador para cuando se inicien las primeras transmisiones en su zona. En cambio, si usted es suscriptor de algún servicio de televisión de pago (por cable o satelital) y consume solamente los canales incluidos en el paquete contratado, no le afectará. Usted seguirá disfrutando de los canales nacionales o extranjeros que le ofrezca su operador, tal como lo hace ahora.

2. Se habla mucho de los decodificadores, e incluso se dice que pronto empezarán a venderlos. ¿Será necesario que lo compre?Tal como se detalla en la respuesta anterior, todo dependerá de qué tipo de señal usted consuma más. Sin embargo, debe tener en cuenta que tanto los televisores que tengan el sintonizador incorporado como los decodificadores recién los podrá utilizar cuando empiecen a realizarse las primeras transmisiones de señal digital abierta.

3. En la actualidad existen en el mercado local algunos teléfonos celulares en los que se pueden sintonizar los canales de televisión abierta. ¿Esos aparatos servirán para cuando empiecen las transmisiones de televisión digital terrestre?

Tal como sucede con los televisores, los celulares que se comercializan en el país y en los que se puede ver televisión cuentan con un sintonizador analógico incorporado. Para acceder a la señal digital deberá contar con un celular que tenga un sintonizador del estándar japonés-brasileño incorporado. De igual manera, las memorias USB que permiten sintonizar señal de TV en las laptops deberán estar adecuadas al nuevo estándar. Y aun así, solo podrá usar esa función cuando empiecen las transmisiones. Tómese su tiempo antes de llegar a una decisión.

PRECISIONES

Crean una nueva comisión

1. Mediante la Resolución Suprema 082-2009-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros creó la Comisión Multisectorial Temporal, encargada de formular recomendaciones al MTC para la elaboración del Plan Maestro de Implementación de la Televisión Digital Terrestre.

2. Tendrá un plazo de 60 días luego de su instalación para emitir sus recomendaciones. Verán el tema de los beneficios, el técnico y los mecanismos de información.

América Latina concentra un tercio de la deforestación a nivel mundial

La FAO indicó que entre 2000 y 2005 se causó pérdidas de 4,7 millones de hectáreas forestales por año y de 0,5% anual del total de bosques de la región

(EFE).- Un tercio de la deforestación a nivel mundial se da en América Latina y el Caribe, región que concentra el 22 por ciento de los bosques nativos, con 860 millones de hectáreas, según información difundida hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El organismo de Naciones Unidas precisó que entre 2000 y 2005 la deforestación causó pérdidas de 4,7 millones de hectáreas forestales por año cifra que equivale a alrededor de un tercio de la deforestación mundial, con una pérdida de 0,5 por ciento anual del total de bosques de la Región, precisó la entidad.

Para la representante regional adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Margarita Flores, los desafíos que propone la crisis económica y la necesidad de enfrentar el cambio climático están llevando el tema forestal al centro del interés mundial.

Recordó que un informe sobre la Situación de los Bosques del Mundo 2009 advierte que a corto plazo, los bosques y el sector forestal resultarán fuertemente impactados por la crisis económica mundial.

En opinión de Flores la importancia del sector forestal rebasa los límites económicos y sociales de la producción de madera, celulosa, papel, combustible y otros productos, ya que el bosque presta servicios claves como la conservación de la biodiversidad, la regulación del agua, y la mitigación del cambio climático.

"El tema crítico es cómo lograr una gestión forestal que genere productos, ingresos y desarrollo socioeconómico, y al mismo tiempo preserve el recurso y contribuya a la gestión medioambiental", advirtió la representante de la FAO.
Sin embargo reconoció que la región ha sido pionera en la aplicación de mecanismos de conservación como, por ejemplo, el pago por servicios ambientales.
"Otro dato positivo es que la Región tiene el 24% de las áreas protegidas del mundo y un total de 26 países han implementado programas forestales nacionales, que apoyan el manejo forestal sostenible y fortalecen la institucionalidad del sector", sostuvo.
Según Flores, las plantaciones industriales podrían compensar parcialmente la desaparición de bosques naturales en términos de cobertura, de oferta de madera, y de algunos servicios ambientales, pero no en biodiversidad.
"Por eso, la preservación de los recursos forestales nativos debe continuar como prioridad para los Gobiernos de la Región", añadió la representante de la FAO aunque anticipó que algunos gobiernos podrían abandonar ambiciosos proyectos medioambientales debido al riesgo generado por la crisis actual.
Explicó que el sector forestal podría aprovechar las políticas monetarias y fiscales de estímulo que están siendo implementadas por varios gobiernos como una ocasión para crear capitales de recursos naturales.
Plantar árboles, incrementar la inversión en gestión forestal sostenible, y una promoción activa de la madera en la construcción con criterios medioambientales y en la generación de energía renovable, serían parte integral del "desarrollo verde" del sector.
Esta es una idea que gana fuerza y de acuerdo a la FAO, existe potencial mundial para crear 10 millones de empleos nuevos a través de inversiones en el manejo sostenible de los bosques.

Censura a ONG pseudoambientalistas por cuestionar EIA minero sin previo análisis
"ACUERDOS DE INVERSIÓN DEBEN SER RESPETADOS"
Expresa Gerente Regional de Desarrollo Económico sobre reserva de agua en el Chira
PIURA, 20 ABR.- El Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura, Jimmy Torres Sias, en alusión a la reserva de agua que reclaman los productores y empresarios de riego tecnificado del Chira, se mostró partidario de que se respeten los acuerdos de la iniciativa de inversión que se han hecho.
Es el caso, dijo, que tanto Maple como Caña Brava tuvieron un convenio con el Gobierno Regional en sus temas de compra y una tarifa de agua que han sido asumidas. Indicó que lógicamente Caña Brava hizo una ampliación de terrenos que no estuvieron dentro del convenio firmado, de allí que al comprarle a las mismas comunidades, dicha empresa debería prever el sistema de gestión de agua.
Hizo ver que el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Agricultura ha instalado una mesa técnica, por lo que cuando ésta tenga el diagnostico del avance y los puntos en común que se deben resolver, estará en condiciones de ofrecer una opinión más concreta del tema. Estimó, empero, que se debe dar un trato justo, tal como lo demuestra el Gobierno Regional al haber respetado los acuerdos asumidos con Caña Brava.
Lo más importante –agregó- es que ya se tiene una ley nacional con el tema de agua que establece lineamientos claros que todos los Gobiernos Regionales del país deberían aplicar. Resaltó asimismo que Maple tenga la intención de conciliar, motivo por el cual participa dentro de la mesa técnica.
Se mostró sorprendido sin embargo "que las asociaciones que están trabajando iniciativas de inversión con nosotros, como Cepibo y Ambao, que se les dará el mismo tratamiento que se le ha dado a la gran inversión, estén acompañando esta mesa, pero del otro lado"
MESA DE DIÁLOGO SOBRE MINERÍA
Al estar previsto para este miércoles 22 el reinicio de la mesa de diálogo en torno a la minería en la sierra piurana, Torres precisó que previo a llegar a esta instancia el Gobierno Regional ha realizado una serie de talleres informativos, primero con los ocho consejeros regionales, con presencia de representantes de Río Blanco para informar técnicamente sobre la situación del proyecto.
El funcionario se consideró muy crítico de las ONG pseudoambientalistas, por cuanto han cuestionado un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) semi detallado, pero sin un previo análisis por la oposición, "de modo que como tienen presencia en la prensa salen a anunciar que el EIA ha generado contaminación, que los peces están muriendo, que la población de Huancabamba no lo va a soportar, que los páramos están en peligro, etc."
"Son cosas que no son ciertas –continuó-, he hablado con muchos técnicos y esto lo hemos transmitido a los consejeros regionales. Técnicamente, Río Blanco no afecta el tema de los páramos, y eso se puede discutir técnicamente con los expertos"
Hay también, dijo, un punto en común que los alcaldes opositores deberían conocer: hoy en día la deforestación y el tema de manejo de aguas contamina más que la minería en la sierra. "¿A dónde va todo el desagüe de Huancabamba y Ayabaca? Al río.
Y vean cómo están contaminando ese río; esa es una problemática que deben asumir los alcaldes", exclamó. Otra cosa que no hablan los alcaldes –precisó- es sobre cómo estaban hace 70 años los bosques en Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, y cómo los tienen ahora por el mal manejo de la agricultura.
Adelantó que el liderazgo de la mesa de díálogo será manejado por la PCM, pero el Presidente Trelles ha sido bastante claro: como es un problema regional, la PCM tiene la obligación de invitar a los funcionarios técnicos en esa mesa, "y yo que creo que hay un espacio que debemos ponerlo de tú a tú a niveles técnicos con la gente opositora a la mina", concluyó.