REVELADOR INFORME DE CONTRALORÍA
Ministerio del Interior usó S/.548 millones en labores de inteligencia
Gasto se realizó entre 1991 y el 2000. No se conocen las tareas realizadas. Sustrajeron 1.614 equipos de otrora Servicio de Inteligencia Nacional
Por: Ítalo Sifuentes
Mientras más se profundizan las investigaciones sobre los servicios de inteligencia de los institutos armados y policiales, más sorpresas encuentran los miembros de la comisión que indaga sobre las interceptaciones telefónicas a políticos, empresarios y periodistas en los últimos años.
Entre las más recientes sorpresas para ese grupo de trabajo figura el descubrir que entre 1993 y el 2000 desaparecieron 1.614 equipos electrónicos, polígrafos y otros bienes clasificados como reservados por el ahora desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que dirigió Vladimiro Montesinos, por lo que la contraloría “presume que están siendo utilizados por terceros”.
Consultado al respecto, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, dijo que esto es una demostración de la capacidad de “chuponeo” que había en la década pasada y que, lamentablemente, esta actividad ilegal podría seguir desarrollándose. La información de la contraloría fue entregada a la comisión que investiga los casos de “chuponeo”, la cual preside el congresista Oswaldo Luizar.
Ese informe también presenta como novedad el siguiente hecho: los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior utilizaron entre 1991 y el 2000 unos 548 millones de soles en actividades y operaciones de inteligencia. No se precisa, sin embargo, qué tipo de labores se realizaron.
IMPOSIBLE SABERSin embargo, se supo que los gastos de las actividades y operaciones de inteligencia se realizaron solo con la autorización de los directores de las oficinas de administración del Ministerio del Interior, por lo que —según la contraloría— no hay acreditación de que los gastos se efectuaron y, por tanto, no se puede conocer el destino que tuvieron.
La comisión Luizar también conoció de parte de la contraloría que la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) manejó unos S/.74 millones entre 1992 y el 2000. De esa cifra, el 85,69% se sustentó con actas, planillas y rendiciones de cuenta.
En cuanto a la Marina de Guerra, la contraloría informó que entre 1998 y el 2000 la Dirección de Inteligencia Naval manejó S/.95 millones, de los cuales solo el 5% cuenta con facturas y boletas.
En total, la contraloría informó a la comisión Luizar que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía manejaron S/.717 millones, por lo que los actuales jefes de los servicios de inteligencia serán citados para que detallen qué saben del destino de estos millonarios recursos y de los equipos electrónicos que se compraron en aquella época. Las sesiones serán reservadas.
OTRA PESQUISAEn ese grupo de trabajo indicaron que no piensan repetir la investigación de la comisión que indaga sobre los casos de corrupción cometidos en la década 1990-2000, en la que se confirmó que el SIN tuvo 29 centros de escucha operados por técnicos en diversos lugares de la ciudad.
El objetivo —señalaron en la comisión Luizar— es descubrir cómo salieron los equipos de las Fuerzas Armadas y policiales y si estos son utilizados.
El informe de la comisión Luizar estará listo la primera semana de mayo. Ayer se presentó José Revilla López, gerente de Cementos Otorongo, quien habría sido “chuponeado” en el 2008.
EL COMERCIO LO DIJOComplementariamente tiene que desterrarse y sancionarse las enquistadas mafias del “chuponeo” telefónico, que son tan corruptas y corruptoras como quienes trafican con los intereses y bienes del Estado”.

Ojo con el paquete anticrisis

“Los dueños del capital estimularán a la clase trabajadora a comprar más y más bienes, casas y tecnología, empujándolos a tomar más y más créditos caros hasta que su deuda devenga en impagable.

La deuda impagable va a llevar a los bancos a la quiebra, los que tendrán que ser nacionalizados, y el Estado tendrá que tomar el camino que eventualmente lo lleve al comunismo”, Karl Marx 1867.Desde el retorno a la democracia en el 2001, el Estado ha tratado de reconstruirse, recomponiendo todas las instituciones que el régimen Fujimori-Montesinos había desnaturalizado sistemáticamente.

Para tal fin tuvieron que dar un conjunto de normas legales que posibilitaron la transparencia en el proceso de toma de decisiones y, a su vez, permitieron romper con el entrampamiento montado por la corrupción que toleraba la falta de procesos de licitación bajo el presunto criterio de “la agilidad en el gasto publico”, y obviaba toda transparencia en el manejo de la cosa pública. Esta gran destrucción del andamiaje del aparato público se hizo con la finalidad de permitir el latrocinio generalizado, lo que ya en democracia llevó a crear mega comisiones que investigaron estas malas prácticas.

Y no es verdad que los más de medio millón de empleados públicos tuvieran algo que ver con la corrupción de ese régimen, tan sólo se redujo a un puñado de funcionarios de confianza, adictos y socios de la cúpula rapaz.

Tampoco se puede generalizar que las medidas correctivas asumidas en democracia se hicieron con el propósito de establecer un régimen en que el funcionario publico se presume que se rige por los principios de “falsedad, mala fe e ilegalidad” y de ahí tratar de negar las indispensables normas de control que deben existir, y el fortalecimiento de las instituciones de control de la corrupción.Hoy, frente a la crisis financiera mundial, el gobierno ha diseñado un Plan Anticrisis cuya finalidad es mantener la estabilidad y el dinamismo de la economía a partir de la promoción de la inversión e infraestructura, para lo cual ha remitido al Congreso un paquete de proyectos de ley para su aprobación, estos son el 3000, 3001, 3002, 3003, 3012, 3016, 3032 y 3044.

El gobierno no debe dar como argumento central para la aprobación de sus iniciativas que existe una “muralla legal obstruccionista” que supuestamente justifique crear un “Régimen de excepción para la ejecución de los proyectos más importantes de infraestructura en el ámbito nacional” contenidos en el DU 47-2008 y 010-2009 y de esta manera intentar evitar el sistema de control publico. Bienvenidas las políticas anticrisis pero no al margen de las instituciones y sistemas de control, que eso es el antisistema.

Castañeda a favor de aplicar sanciones penales a jóvenes desde los 16 años de edad que cometan delitos
　
Lima, mar. 03 (ANDINA).- El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se mostró hoy a favor del proyecto de ley que propone aplicar sanciones penales a jóvenes a partir de los 16 años de edad que cometen delitos, tal como lo planteó la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en un intento de frenar la delincuencia en el país.
El burgomaestre manifestó que no se trata de una propuesta incoherente, pues en otros países como España y Chile ya se aplica este sistema jurídico, por lo cual –afirmó– será bien acogida entre la población peruana.
"Me parece sumamente interesante (la iniciativa), además es un propuesta que recoge experiencias de otros países en circunstancias parecidas y creo que esto será bien acogido por toda la ciudadanía", sostuvo Castañeda tras reunirse con diversos alcaldes de la capital a fin de tratar el tema de la seguridad ciudadana.
En esta reunión de trabajo, la ministra Cabanillas reiteró su pedido para que la Comisión de Justicia del Congreso de la República revise dicha propuesta legal, que modifica el Código Penal a fin de que no se atenúe el castigo a los menores de edad.
"Adolescentes de 18, 17 y 16 años son conscientes de que están cometiendo un delito y la sociedad tiene derecho a llamarles la atención con severidad, a defenderse y sancionar legalmente."
La titular del Interior hizo un llamado a dicho grupo parlamentario para revisar en breve dicha propuesta legal, y expresó su confianza en que será aprobada.
En la actualidad, la legislación peruana establece que sólo son pasibles de sanciones penales las personas de 18 a 22 años de edad, quienes –a criterio del juez– reciben penas menores a las establecidas.
Cabanillas sostuvo que un "marco jurídico severo y serio es un elemento importante de situación de delitos", que permitirá, entre otras acciones, aplicar una "lucha sin cuartel contra la delincuencia".
La ministra y el alcalde de Lima formularon estas declaraciones tras participar en una reunión de trabajo con burgomaestres de distritos del Cono Este de Lima, en la que también estuvo presente el flamante secretario técnico de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), Eduardo Pérez Rocha

Museo del Olvido
　
El alanismo en funciones -es decir el Apra invadida y vaciada de todo contenido incómodo para Pepe Graña- ha decidido no contribuir a que el Perú tenga un lugar donde se concentre la memoria de la atrocidad.
　
Estoy hablando de la atrocidad plural que nos ensangrentó. En primer lugar, la de los senderistas que nos hicieron más pobres y más tristes. En segundo lugar, la de los emerretistas que creyeron que el Perú era La Habana de 1958. Y en tercer lugar, la de los militares específicos -con nombre y apellido- que terminaron pensando como senderistas, actuando como emerretistas y destruyendo, junto a Fujimori, sus propias instituciones.
　
El juicio a Fujimori no es el juicio a un dictadorzuelo pícaro y sin escrúpulos solamente. Es el juicio al hombre que canceró la democracia y convirtió el delito casi en norma a cumplirse so pena de castigo.
　
Lo mismo pasa con el procesamiento judicial de los militares bestializados que actuaron a la par que el enemigo. La depuración de las Fuerzas Armadas y el castigo a los criminales escondidos todavía entre sus filas son pasos necesarios para volver a respetar a los militares.
　
Porque los militares no son la pandilla que manejaron Fujimori y Montesinos ni los colinas que mataban niños ni los generales que robaban hasta en el reequipamiento de sus propias unidades. Esos no eran ya militares. Eran truhanes uniformados y decididos a mantener a Fujimori, el capo de la banda, en el poder.
　
El Perú necesita de sus Fuerzas Armadas. Pero no quiere esos harapos mugrientos que Fujimori nos entregó. Lo que necesita es a sus Fuerzas Armadas devueltas y decentes.
　
Y para ello es necesario, es absolutamente imprescindible que terminemos de castigar a quienes ensuciaron el uniforme y degradaron el papel de sus instituciones.
　
El Museo de la Memoria rechazado encaja perfectamente con esta idea de la separación de la paja y la identificación del mal.
　
Al rechazar el Museo de la Memoria el alanismo de los Nava y los Cornejo vuelve a demostrar su parentesco literalmente sanguíneo con la banda armada que Fujimori mandó desde Palacio.
　
La argumentación de esa banda ha sido la misma todos estos años: las Fuerzas Armadas nos libraron del terrorismo y, por lo tanto, no merecen sino agradecimiento.
　
Lo que no dicen esos abogados de la oscuridad es que estuvimos a punto de perder la guerra con el terrorismo asiático de Sendero "gracias" precisamente a los métodos nazis que Belaúnde permitió, García instigó y Fujimori elevó a doctrina de seguridad.
　
Cada asesinato masivo de inocentes incorporaba decenas de combatientes de Sendero a su organización.
　
Una gran investigación policial, sin embargo, permitió la captura de Guzmán. El carácter vertical del P.C. del Perú hizo el resto.
　
Y lo que no dicen los choros que caviarizan a todo el mundo que no piense como ellos es que, después de 1992, la Fuerza Armada, que hubiera podido reclamar para sí, en efecto, un gran reconocimiento, impidió cualquier rencuentro con la sociedad civil al implicarse, hasta el cuello, en la mugre moral del fujimorismo.
　
La cúpula militar de aquel entonces le "cobró" al Perú la pacificación lograda, no precisamente con sus métodos, con cientos de millones de dólares de latrocinio, sobrevaluación de armamento y agresiones al Estado de Derecho. Es como si los militares estadounidenses se hubiesen dedicado al saqueo de su propio país tras el triunfo en la segunda guerra mundial.
　
La prédica del fujimorismo ha sido siempre la de perdonar sin recordar y la de olvidar sin ningún propósito de enmienda. Esa lógica mafiosa tiene un propósito: obtener una impunidad nacida de la supresión de la historia, de la negación de la vergüenza, del mecanismo más primario de la infamia.
　
Esa "razón" racista nos propone, además, una ciudadanía de segundo orden: la de los miles de quechuahablantes víctimas del fuego cruzado y de la crueldad de todos los bandos. Porque la pregunta que nos hemos hecho estos años sigue sin respuesta: si los viles asesinatos de sospechosos y meros testigos hubieran ocurrido en Miraflores, ciudad de Lima, ¿alguien podría hablar de leyes de punto final a la uruguaya?
　
¡Si todos son asesinos -piensan los fujimoristas- ya nadie es asesino! Y van más allá: ¡si no hay castigo es que no hubo crimen! De allí la presión vallerrestriana que ejercen, con ayuda de Alan García, sobre los jueces del megajuicio. Y para ello qué mejor que un Consejo Nacional de la Magistratura teledirigido desde el Ejecutivo.
　
No es de extrañar, por otra parte, que el Apra apueste al olvido. Al fin y al cabo, el partido que García ha amordazado y metido en un sótano ha sido siempre maestro en la tergiversación del pasado, que es el modo no virtuoso de olvidar.
　
¿Recordar? ¿Museo de la Memoria?
　
Habría que recordar tantas cosas en la larga existencia del partido que Haya fundó para cambiar el Perú. No es propósito de esta columna hacer de Funes sañudo pero bastaría que mencionáramos la tragedia y masacre de 1932, el crimen de 1935, el homicidio de 1945, la pasmada traición de 1948, la promiscuidad de 1956, la romana decadencia de 1963.
　
Pero si el Apra frecuenta el olvido como mecanismo de defensa, el doctor García necesita el electroshock del poder para llegar a su propia amnesia salvadora.
　
Si no fuera por el poder, al que llegó precisamente para olvidar hasta sus promesas más recientes, los cadáveres isleños y marítimos que Giampietri vio tan de cerca se agazaparían en sus sueños, con colgajos de algas en los hombros, como los náufragos resucitados de Dylan Thomas en "Bajo el bosque de leche", y las ropas acribilladas de Cayara colgarían en los tendederos imaginarios de Palacio, y los desaparecidos de Los Molinos volverían con sus caras de sorpresa y su inútil candil de kerosene.
　
Nos han negado un Museo de la Memoria. Lo que no pueden negar es la historia. Esa historia que apristas, fujimoristas y odriistas como el cura Romaña podrían repetir hasta la náusea si fuera necesario fascistizar otra vez a los militares para salvar sus bienes. Esa historia que el Perú mayoritario y democrático no quiere que regrese jamás.
　
No nos libramos de Guzmán y sus hienas para terminar en manos de sus imitadores.